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Índice

  • Glosario de abreviaturas y siglas
  • Anexo Normativo
  • Informe de Inclusión Financiera

    Síntesis ejecutiva

    El total de puntos de acceso aumentó un 5,8% durante el 2019 | El sistema financiero registraba 30.726 puntos de acceso (PDA) a diciembre de 2019. Se observa una predominancia de los dispositivos electrónicos, aportando un 82% entre cajeros automáticos y terminales de autoservicio. Las agencias complementarias de servicios financieros (ACSF) alcanzaban el 0,2% del total de PDA con 54 unidades distribuidas en el interior del país.

    Se observa una marcada disparidad en la distribución de PDA entre provincias y entre los departamentos que las componen | A diciembre de 2019, el 41,9% de las localidades tenía al menos un PDA y concentraba el 91,3% de la población adulta. Considerando la población adulta por localidad, se registra una disminución en el índice de cobertura a medida que se reduce la cantidad de habitantes: sólo el 22% de las localidades de menos de 2 mil habitantes adultos contaba con al menos un PDA.

    Los puntos de extracción extrabancarios equipararon a los cajeros automáticos | Estos puntos demuestran una distribución provincial similar a la de los PDA, con un 65% concentrado entre CABA, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Los principales rubros identificados son los supermercados (21% del total), las estaciones de servicio (13%) y los comercios de farmacia y perfumería (8%), mientras que los centros de cobro de facturas y servicios comprenden al 13% de los puntos.

    A lo largo de la última década, se registró un crecimiento interanual promedio de alrededor de 8% en la cantidad de cuentas de depósito en pesos cada 10.000 adultos | En promedio, se registraron 1,4 cuentas de depósito en pesos por adulto a diciembre de 2019; un 64% de ellas está asociada a la recepción de alguna clase de acreditación periódica -sueldos, jubilaciones, pensiones y programas sociales-. Por otra parte, un 66% de las cuentas de depósito registraron un saldo promedio mensual muy bajo (menor a $3 mil), lo cual indicaría el bajo uso de las cuentas de depósito tanto para fines transaccionales como de ahorro pasivo. 

    La cantidad de plazos fijos en pesos cada 100 cuentas de depósito en pesos se mantiene constante desde hace una década | Esta métrica se ubicó en 6 plazos fijos en pesos por cada 100 cuentas de depósito en pesos a diciembre de 2019, valor alrededor del cual osciló durante los últimos diez años. Este número refleja que sólo una pequeña proporción de los titulares de cuentas de depósito en pesos utilizan los plazos fijos como un instrumento de ahorro.

    Los medios de pago electrónicos continuaron su sendero de crecimiento | Las compras con tarjeta de débito, crédito y prepagas y transferencias electrónicas registraron incrementos relativos a la población durante los últimos años, a pesar de la ausencia de crecimiento de la actividad económica. En el año 2019, por cada 100 extracciones de efectivo por adulto, se efectuaron casi el doble de operaciones por medios electrónicos de pago.

    La distribución geográfica de los saldos de plazos fijos por adulto fue sumamente heterogénea a lo largo de la última década | CABA, el distrito con los guarismos más elevados a lo largo del tiempo, superaba al menos en 3 veces a cada una de las provincias del NOA y del NEA a diciembre de 2019. Asimismo, al tiempo que CABA presentó una caída del 13% en términos reales a lo largo de la última década, Formosa (NEA) y Catamarca (NOA) registraron un crecimiento de 89% y 67%, respectivamente.

    La mitad de la población adulta tenía al menos una financiación a septiembre de 2019 | La discriminación de dicho valor indica que el 37% de los adultos poseía al menos una financiación otorgada por entidades financieras. Considerando un sistema financiero ampliado (SFA), que incluye las emisoras de tarjetas de crédito y/o compra no bancarias (ETCNB) y los otros proveedores no financieros de crédito (OPNFC), esa cifra se eleva al 49%. Este acceso al crédito no resulta homogéneo entre hombres y mujeres, existiendo una brecha de género en detrimento de la mujer para el porcentaje de adultos que accede a financiamiento (5,8 p.p. en el SFA). 

    Existe disparidad en la población con financiamiento por regiones del país | Las regiones del NEA (40%), NOA (44%) y Cuyo (45%) se encontraban, en general, por debajo del promedio nacional, mientras Patagonia (52%) y la región Centro (51%), por arriba de la media nacional. 

    Aumentó la cantidad de personas humanas con deuda en situación irregular | El 74% de los deudores del SFA se encontraba a septiembre de 2019 en situación regular, es decir que podía atender adecuadamente todos sus compromisos financieros. Se destaca la reducción de 4 p.p. en el indicador durante los 24 meses anteriores. La desagregación de este indicador de acuerdo con el género de los deudores denota una diferencia en el comportamiento de repago de hombres y mujeres, registrando las mujeres un mayor porcentaje de deudores en situación regular que los hombres (75,7% vs. 72,4%). 

    Mejoró de manera sostenida el acceso al crédito de las MiPyMEs a lo largo de última década | En mayor o menor medida en función del sector, tamaño y región, la proporción de MiPyMEs con financiamiento aumentó año a año. En el caso de las microempresas, que representan el 84% del total de empresas, la proporción aumentó de 38% a 53% de diciembre de 2007 a diciembre de 2018 en el caso de aquellas constituidas como personas jurídicas y de 61% a 81% para el caso de personas humanas que desarrollan una actividad empresarial. 

       Tabla de indicadores

    Notas:
    (1) Se incluyen los puntos de acceso de las entidades financieras (sucursales, sucursales móviles, cajeros automáticos, terminales autoservicio y agencias complementarias de servicios financieros) y los cajeros automáticos operados por entidades no financieras.
    (2) Promedio mensual de cada año.
    (3) Dato correspondiente a empresas constituidas como personas jurídicas con financiamiento durante algún mes de 2018.

    Contexto local

    La integración de todos los hogares y empresas a los servicios financieros constituye un paso necesario para lograr un sistema financiero más equitativo. Por este motivo, el BCRA se encuentra implementando una agenda activa de inclusión financiera, entendida como un aspecto clave para lograr la inclusión social, priorizando el acceso y uso a los servicios financieros de los sectores más vulnerables.

    El acceso a una cuenta bancaria se presenta como el primero de una serie de pasos para considerar la inclusión financiera de una persona humana o empresa. La tenencia de una cuenta bancaria permite acceder a servicios financieros como transferencias de fondos, pagos de servicios, instrumentos de ahorro y acceso a canales electrónicos como banca por internet y banca móvil.

    Para quienes no tienen una cuenta bancaria, en enero de 2020 se restableció la Cuenta Gratuita Universal (CGU) que había sido discontinuada en el año 2016. Esta cuenta bancaria se abre con la sola presentación del DNI, no tiene costo de apertura ni de mantenimiento, y todos los bancos deben ofrecerla y abrirla a solicitud de las personas no bancarizadas.

    Otro aspecto clave de la inclusión financiera radica en la utilización de los productos de ahorro por parte de las personas y las empresas. El ahorro permite a la población, en general, hacer frente a gastos imprevistos o emergencias, planificar la compra de bienes y servicios en el futuro y realizar inversiones para generar más riqueza.

    La reducida proporción de personas que ahorran en el sistema financiero se observa en distintos segmentos de la población y se refleja en la intensidad de uso de instrumentos como el plazo fijo. Desde el año 2010, la cantidad de plazos fijos cada 100 cuentas de depósito -ambos en pesos- no tuvo grandes modificaciones, pasando de 5 plazos fijos en 2010 a 6 en diciembre de 20191.

    Para fomentar el ahorro en moneda doméstica, en enero del presente año se impulsó una alternativa de plazo fijo en UVA2, garantizando un rendimiento por encima de la evolución del índice de precios al consumidor de al menos 1%. Su plazo mínimo de constitución es de 90 días, pero se puede optar por la cancelación anticipada a partir de los 30 días de su contratación. Una importante proporción del saldo de los plazos fijos del sector privado no financiero está nominado en pesos y UVA (81% a diciembre de 20193) y no cuenta con la opción de cancelación anticipada.

    En materia de créditos, el sistema financiero tiene desafíos pendientes en el acceso de las personas humanas y las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que presentan asimetrías a nivel geográfico y de tamaño de empresa. Cuatro de cada 10 adultos4 posee al menos un producto de crédito en entidades financieras. Este número se eleva a 5 de cada 10, si se incluyen proveedores no financieros de crédito que informan sus deudores al BCRA5. Este indicador se explica principalmente por la tenencia de tarjetas de crédito (38% de la población adulta), siendo el acceso a instrumentos de mediano y largo plazo extremadamente bajo (1,3% para préstamos prendarios y 0,7% para hipotecarios)6.

    A nivel de género, el acceso a productos de crédito presenta una brecha en detrimento de las mujeres de 5,8 puntos porcentuales (p.p.) de diferencia en el porcentaje de adultos con algún producto para cada género, mientras que a nivel geográfico, las provincias ubicadas por encima del promedio nacional en términos de acceso a financiamiento (49%) se encuentran dentro de las regiones Centro y Patagónica, mientras que el NOA, NEA y Cuyo se ubican varios puntos porcentuales por debajo.

    Asimismo, las condiciones macroeconómicas adversas en las que operó la economía, y en particular la persistencia de tasas de interés elevadas en un contexto de contracción de la actividad, se vieron reflejadas en la proporción de personas y empresas con financiaciones en situación irregular. En este sentido, del total de personas humanas con acceso al crédito, la proporción de aquellas en situación irregular aumentó 4 p.p. entre septiembre de 2017 y el mismo mes de 2019. Por su parte, en los últimos dos años, la proporción de empresas con deuda en situación irregular creció alrededor de 3 p.p. para todos los tamaños de empresa.

    En este contexto, el BCRA flexibilizó las condiciones regulatorias para alentar el crédito a las familias a través del Programa AHORA 127, el cual posibilita la compra de bienes en cuotas fijas sin interés mediante tarjetas de crédito bancarias, y modificó límites a la tasa de interés nominal anual para el financiamiento a través de tarjetas de crédito8 bancarias y no bancarias. Ambas medidas buscan impulsar la recuperación del crédito al consumo y proteger a los sectores más vulnerables.

    Adicionalmente, para evitar las prácticas abusivas y promover una mayor inclusión financiera, se dispuso la prohibición de usar el débito directo interbancario para el cobro de préstamos, que fue diseñado como una herramienta de pago voluntario y reversible9. A partir de esta medida, el débito interbancario vinculado a nuevos préstamos podrá cursarse a través del denominado “DEBIN spot”, mecanismo que requiere autorización expresa del cliente receptor previo a la realización de cada débito.

    El financiamiento a la actividad productiva y empresarial, en la cual participan empresas registradas como personas humanas (empresas PH) y otras como personas jurídicas (empresas PJ), plantea la necesidad de generar un acceso más equitativo respecto al tamaño de la unidad de producción. En el caso de las empresas PJ, la mitad de las microempresas han tomado financiamiento durante el 2018, mientras que las grandes empresas lo hicieron casi en su totalidad. Esta situación resulta más equilibrada en el caso de empresas PH aunque el peso del financiamiento en el sistema financiero es sustancialmente menor al registrado por las empresas PJ (10% vs. 90%). En línea con las medidas mencionadas para personas humanas, el BCRA readecuó las condiciones regulatorias para alentar el financiamiento a las MiPyMEs a una tasa de interés fija menor al 35% anual10.

    En materia de protección a los usuarios de servicios financieros, se establecieron nuevas regulaciones para los proveedores de servicio de pago (PSP): (1) los fondos de los clientes acreditados en cuentas de pago deberán encontrarse en cuentas a la vista, en pesos, en entidades financieras del país y, en todo momento, disponibles con carácter inmediato ante su solicitud y (2) los clientes podrán aplicar los saldos de las cuentas de pago en fondos comunes de dinero y el PSP deberá informar los saldos invertidos de manera separada del resto de los fondos.

    Si bien este tipo de cuentas de pago podrían contribuir a la inclusión financiera de la población, cuando se combinan con instrumentos de inversión y poca información sobre los riesgos asociados puede dar lugar a resultados inesperados para el usuario frente a caídas en la rentabilidad de los fondos comunes.

    Respuestas a los desafíos de inclusión financiera en el contexto de la emergencia sanitaria
    En el marco de la emergencia sanitaria que afecta a la población mundial, el BCRA ha emitido un conjunto de normas tendientes a morigerar el impacto de la crisis económica como consecuencia de la pandemia de Coronavirus COVID-19. Estas medidas apuntan a que el sistema financiero pueda dar más apoyo tanto a empresas como a familias y a que no se resienta la cadena de pagos. Se mencionan las medidas más relevantes desde la perspectiva de la inclusión financiera, las cuales se explican con mayor detalle en el Anexo Normativo.

    En línea con la cuarentena obligatoria dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, las sucursales se mantuvieron cerradas para la atención al público, debiendo las entidades financieras continuar prestando servicios a los usuarios en forma remota11. A modo de excepción, las sucursales fueron abiertas para el pago de haberes previsionales y pensiones y de prestaciones, planes o programas de ayuda social12. Posteriormente, las sucursales abrieron al público general, con limitaciones en las operaciones y a través de un sistema de turnos para evitar la aglomeración de personas en las sucursales.

    En el caso de las empresas, las medidas promovieron el ofrecimiento de líneas de financiamiento a MiPyMEs a bajo costo (tasa de interés anual máxima del 24%) aplicadas a capital de trabajo. Posteriormente, se incrementaron los incentivos para estas líneas cuando los fondos tengan como destino el pago de sueldos a empleados13. El Estado Nacional, a través del Fondo de Garantías Argentino (FoGar), puso a disposición un fondo para avalar los créditos de capital de trabajo MiPyMEs, por hasta el 100% en los casos de micro y pequeñas empresas y monotributistas de todas las categorías; y del 25% en los casos de las empresas medianas tramo 1 y 214.

    En el caso de las personas, se incrementaron los incentivos para que las entidades financieras destinen financiamiento al Programa AHORA 12 con el fin de atender el consumo de las familias y se estableció la suspensión de cobros de cargos y comisiones por las operaciones efectuadas mediante todos los cajeros automáticos15. En relación con los vencimientos de tarjetas de crédito, se determinó que: (1) los saldos impagos de créditos otorgados por entidades financieras, cuyas cuotas vencen entre el 01.04 y el 30.06, no devenguen intereses punitorios, y (2) su cancelación se efectúe una vez finalizada la cuarentena obligatoria, sin ningún recargo y con tasa de financiamiento no superior al 49%16. Posteriormente, se dispuso una reducción a 43% de la tasa nominal anual máxima por interés compensatorio que las entidades financieras pueden percibir por los saldos financiados en tarjetas de crédito. Asimismo, estas deberán refinanciar en forma automática los saldos impagos de tarjetas de crédito a un año de plazo con 3 meses de gracia y 9 cuotas mensuales, iguales y consecutivas a dicha tasa.

    Tanto para personas como para empresas se flexibilizaron, de manera transitoria, los parámetros con los que son clasificados los deudores bancarios. El sistema de clasificación vigente tiene en cuenta, entre otras variables, la cantidad de días de mora de cada deudor. Hasta septiembre de 2020, se le añadirá a la clasificación de cada deudor un plazo de 60 días para cada categoría, permitiendo contemplar las dificultades ocasionadas por la crisis en diversas ramas de la actividad económica17.

    1. Infraestructura física

    La infraestructura física cumple un rol fundamental en el acceso de las personas y empresas al sistema financiero brindando canales de atención presenciales y electrónicos para la realización de operaciones. Estos puntos desempeñan diferentes funciones, tales como la de realizar transacciones de pagos, extracciones o transferencias, canalizar el ahorro a través de distintos instrumentos de inversión o solicitar un crédito, entre otros.

    En un territorio extenso como el de Argentina, la cobertura geográfica de los servicios financieros plantea un desafío adicional. No sólo es relevante analizar los indicadores de infraestructura con relación a la población, sino también observar qué ocurre a nivel de diferentes unidades administrativas o territoriales. En este sentido, los puntos de acceso se pueden analizar dentro del perímetro de una provincia o departamento o bien en función de una superficie que no obedezca a una división política sino, por el contrario, que verifique ciertas características socioeconómicas particulares. Siguiendo los lineamientos internacionales, los puntos de acceso a servicios financieros (PDA) se definen como cualquier entidad física donde una persona puede realizar sus operaciones de depósito o de retiro de dinero con una entidad financiera.

    En nuestro país, los PDA están compuestos por las sucursales bancarias (dentro de las cuales están las sucursales móviles), los cajeros automáticos18 (ATM), las terminales de autoservicio (TAS) y las agencias complementarias de servicios financieros (ACSF, en la literatura conocidos como corresponsales bancarios).

    A diciembre de 2019, el sistema financiero registraba 30.726 PDA a nivel nacional, mostrando un crecimiento de 5,8% con respecto al mismo mes de 2018. En cuanto a la distribución entre los distintos tipos de PDA, un 57,3% correspondía a ATM, 24,9% a TAS, 17,3% a sucursales y 0,4% a sucursales móviles. Las ACSF, cuya figura fue incorporada en la regulación local en noviembre de 2018, no presentaban una contribución significativa, habiendo alcanzado tan sólo 54 unidades (0,2% del total). El crecimiento sostenido de los PDA, superior al crecimiento poblacional, muestra una mejora en la disponibilidad de PDA por parte del sistema financiero.

    La distribución muestra una predominancia de los dispositivos electrónicos por sobre los PDA que implican mayores requisitos de infraestructura física y humana para su operación, tendencia que se observa a nivel global. En general, los dispositivos electrónicos se encuentran ubicados dentro de las sucursales (74% para ATM y 99% para TAS), mientras que la parte restante se encuentran instalados en otras locaciones, como pueden ser supermercados, estaciones de servicio o centros comerciales. Cabe señalar estos últimos permiten una mayor descentralización de los PDA, colaborando a incrementar la cobertura geográfica y mejorando el acceso de la población a los servicios financieros.

    La evolución de los PDA muestra una tendencia ascendente, con un crecimiento interanual promedio de 6,7% en los últimos tres años. A nivel individual, los ATM son el tipo de PDA que evidencia el mayor incremento (8,6% promedio interanual -p.i.), seguido de las TAS (7,2% p.i.) y, por último, las sucursales, con un crecimiento muy poco significativo (0,5% p.i). En otros países de la región (y a nivel global también), el bajo crecimiento de las sucursales está asociado a diversos factores, como el crecimiento significativo en la cantidad de corresponsales bancarios y la prestación remota o electrónica de servicios financieros.

    Figura 1.1 | Cantidad de PDA por tipo y crecimiento interanual Informe de Inclusion financiera

    Fuente | BCRA y redes.

    Como se mencionó anteriormente, la cantidad absoluta de ACSF todavía es baja y, si bien la regulación permite a las entidades financieras delegar en ellas la totalidad de las actividades que desarrollan con sus clientes, solamente un tercio permite operaciones transaccionales como la extracción de dinero en efectivo y el cobro de impuestos y servicios, reduciendo así el potencial impacto en términos de inclusión financiera. Un aspecto positivo es que todas las ACSF se encuentran fuera de CABA y Buenos Aires, nutriendo de más PDA al interior del país.

    A nivel provincial, el 48% de los PDA se concentraba en CABA y Buenos Aires, lo cual evidencia marcadas diferencias en su distribución geográfica. Entre otros factores, estas disparidades se encuentran asociadas a la distribución de la población dado que distritos con mayor número de adultos tenderían a poseer una mayor cantidad de PDA. De esta forma, a los efectos de realizar una comparación más precisa entre jurisdicciones, resulta necesario tener en cuenta el número de habitantes de cada una.

    A diciembre de 2019, Argentina contaba con 9 PDA cada 10.000 adultos, siendo CABA la jurisdicción con mejor desempeño (22,3), mientras que Tierra del Fuego, pese a ser la provincia con menor cantidad absoluta de PDA, se posicionaba en segundo lugar (14,7). Adicionalmente, se observa que todas las provincias que conforman la Patagonia19 exhibían valores superiores al promedio nacional, mientras que las provincias del NEA y del NOA presentaban un comportamiento inferior a la media para dicho indicador. Con respecto al informe anterior (datos a marzo 2019), se evidencian mejoras en todas las provincias, siendo Neuquén y La Rioja aquellas que presentan un mayor aumento de PDA cada 10.000 adultos, con incrementos de 1,3 y 1 PDA cada 10.000 adultos, respectivamente.

    Figura 1.2 | Distribución por provincia de PDA y de PDA cada 10.000 adultos
    Informe de Inclusion financiera

    Nota | Datos a diciembre 2019.
    Fuente | BCRA, redes e INDEC.

    Así como se observa una marcada disparidad en la distribución de PDA entre provincias, el mismo fenómeno se registra dentro de cada una, existiendo claras diferencias entre los niveles de PDA de los departamentos que las componen. A modo de ejemplo, la provincia de Buenos Aires aglomera partidos como San Isidro o Vicente López con 19,2 y 18,3 PDA cada 10.000 adultos, respectivamente, los cuales más que duplican el indicador nacional, y otros como Florencio Varela o José C. Paz con 3 y 2,3 PDA cada 10.000 adultos, respectivamente, con un tercio o menos del valor nacional. Estas disparidades entre departamentos o partidos se observan en todas las provincias argentinas.

    Con relación a la cobertura de PDA, el 41,9% de las localidades argentinas tenía al menos un PDA a diciembre de 2019, mostrando este indicador una pequeña mejora en los últimos años, desde un 39,6% en diciembre 2016. No obstante, aunque el porcentaje de localidades cubiertas podría parecer bajo, resulta apropiado considerar la población de cada una para poder determinar el porcentaje de la población que tiene acceso a un PDA en la localidad en la que reside. En tal sentido, a diciembre de 2019, se observa que el 91,3% de la población adulta vivía en una localidad que contaba con al menos un PDA, mientras que la población restante vivía en zonas rurales (5,8% de la población adulta total) o en localidades sin PDA (2,9%).

    En esta misma línea, considerando la cantidad de adultos que vive en cada localidad es posible segmentar las localidades para realizar un análisis más preciso de la cobertura de PDA. De esa forma, a diciembre de 2019 la totalidad de los adultos que vivía en localidades de más de 50 mil habitantes adultos contaba con al menos un PDA en su localidad. A medida que se reduce la cantidad de habitantes, se observa una disminución en el índice de cobertura. Esto se acentúa para las localidades de menos de 2 mil habitantes adultos, dado que sólo el 22% contaba con al menos un PDA, llevando a que apenas el 43% de los adultos que vivía en localidades de este tamaño poblacional contara con al menos un PDA en su localidad.

    El mismo análisis puede hacerse para identificar aquellas localidades que cuentan con al menos una sucursal bancaria, que resulta el tipo de PDA que ofrece a los clientes bancarios la gama más completa de servicios. Este análisis resulta particularmente útil para determinar la calidad de la cobertura, ya que existen localidades cuyo único PDA es un ATM en las que para realizar ciertas operaciones (solicitar un préstamo, por ejemplo) los residentes deben movilizarse a otra localidad que cuente con una sucursal.

    Figura 1.3 | Cobertura de localidades por al menos un PDA Informe de Inclusion financiera

    Nota | m= mil. La población nacional considera también la población rural dispersa.
    Fuente | BCRA, redes e INDEC.

    La cobertura de sucursales es relativamente menor, atento que el 28,7% de las localidades del país tenía a diciembre de 2019 al menos una sucursal bancaria en comparación con el 41,9% si consideramos todos los tipos de PDA. La diferencia entre ambos indicadores indica que un 13,3% de las localidades está cubierta por un tipo de PDA distinto a sucursales bancarias. Las mismas obtienen su cobertura principalmente a través de ATMs instalados fuera de las sucursales bancarias y, en menor medida, de sucursales móviles.

    Complementariamente a los puntos de acceso bancarios, existe en nuestro país otro tipo de puntos en los que la población puede realizar exclusivamente extracciones de efectivo. Estos puntos de extracción extrabancarios comprenden a comercios como supermercados, farmacias, estaciones de servicio, entre otros, y las redes de cobranza extrabancaria que ofrecen el servicio de extracción de efectivo. A través del uso de tarjetas de débito, los clientes pueden obtener efectivo que se debita de su cuenta bancaria.

    Un relevamiento realizado por el BCRA indica que a diciembre de 2019 se registraba un total de 17.483 puntos de extracción extrabancarios a nivel nacional, con un notable crecimiento de este tipo de puntos durante los últimos años. La distribución provincial de los puntos de extracción extrabancarios resulta similar a la de los PDA, con el 44% concentrados entre CABA y Buenos Aires y un 65% considerando adicionalmente Córdoba y Santa Fe.

    Los principales rubros identificados son los supermercados (21% del total de puntos), las estaciones de servicio (13%) y los comercios de farmacia y perfumería (8%). Por su parte, los centros de cobro de facturas y servicios comprenden al 13% de los puntos de extracción extrabancaria20. Si bien los puntos de extracción extrabancarios no ofrecen la variedad de servicios financieros asociados a los PDA del sistema financiero, estos puntos extrabancarios equiparan a la cantidad total de ATMs operativos, por lo que mejoran el acceso de la población al efectivo y contribuyen a la inclusión financiera.

    Figura 1.4 | Cantidad de puntos de extracción extrabancarios cada 10.000 adultos y por principales rubros
    Informe de Inclusion financiera

    Nota | Datos a diciembre 2019. La desagregación por rubro presenta los principales rubros identificados, no abarcando la totalidad de los puntos.
    Fuente | Relevamiento BCRA en base a datos de Mastercard, Cabal, Visa, Rapipago, Pagofácil, Plus Pagos, Pago24 y Bica Ágil.

    2. Cuentas de depósito y modalidades de pagos y ahorro

    Las cuentas bancarias proporcionan una forma segura de guardar dinero y administrar los gastos y los ingresos, siendo sencillo el pago de servicios, el envío y recepción de fondos, la constitución de ahorro y el acceso al crédito. En Argentina, el 80% de la población adulta poseía al menos una cuenta bancaria a marzo de 2018, sin brecha alguna de género. La cifra se reduce al 74% si se resta la cantidad de titulares que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), uno de los principales programas de ayuda social de nuestro país. En este caso, sí se registra una brecha de 11,5 p.p. en detrimento de la mujer, dada la alta proporción de mujeres en el beneficio AUH (97%).

    Uno de los usos más comunes de una cuenta es la realización de pagos. Los medios de pago electrónicos facilitan las transacciones de la población y, al mismo tiempo, contribuyen a reducir el uso de efectivo. En cada una de las métricas de medios de pago electrónico de Argentina -compras con tarjeta de débito, crédito y prepagas y transferencias electrónicas- se registraron incrementos relativos a la población durante el último tiempo, a pesar de que la actividad económica se ha estancado o caído en el último quinquenio. De este modo, en el año 2019, por cada 100 extracciones de efectivo por adulto se efectuaron casi el doble de operaciones por medios electrónicos de pago.

    Las cuentas proporcionan una forma de generar ahorros para el futuro, aunque no la única. El ahorro es la parte del ingreso que no se destina al consumo y está destinado a enfrentar gastos imprevistos o emergencias, comprar bienes y servicios a futuro y realizar inversiones para generar más riqueza. De acuerdo con la Encuesta de Medición de Capacidades Financieras realizada en Argentina en 2017, aproximadamente 1 de cada 3 personas había ahorrado dinero en el año previo, siendo más común en hombres (32%) que en mujeres (26%). En el caso del ahorro activo, la utilización del depósito a plazo fijo (en adelante, plazo fijo) como instrumento de ahorro resultó baja en proporción con la cantidad de cuentas de depósito en nuestro país (6 plazos fijos cada 100 cuentas de depósito, ambos en moneda local), relación que se mantuvo prácticamente constante durante la última década, lo que indica que sólo una cantidad reducida de titulares de cuentas de depósito utilizaría este instrumento de ahorro.

    2.1. Cuentas de depósito
    Con el objetivo de fomentar el acceso a los servicios financieros por parte de la población, el BCRA pone a disposición distintos tipos de cuentas bancarias. Una cuenta bancaria constituye un contrato entre el cliente y el banco donde el titular deposita una cantidad de dinero y la entidad adquiere el compromiso de custodiarla, con el fin de poder hacer uso del dinero depositado para distintos fines y en cualquier momento. En general, las cuentas bancarias se constituyen como cuentas corrientes o cuentas de depósito, como cajas de ahorros o cuentas sueldo.

    Las cuentas corrientes se caracterizan por la posibilidad de retirar fondos cuando no se posee saldo suficiente. Para ello, el titular debe acordar con la entidad financiera una línea de crédito denominada giro en descubierto. Por otra parte, las cuentas de depósito en pesos no tienen costo de apertura ni mantenimiento y al titular se le otorga una tarjeta de débito sin cargo. Estas cuentas no permiten utilizar más dinero que el depositado y tampoco implican la provisión de tarjetas de crédito, aunque este producto puede ser contratado de manera adicional. Todas las operaciones que se realicen con estas cuentas tanto de manera remota -mediante home banking, mobile banking u otro canal- como aquellas efectuadas en las sucursales de la entidad financiera que abrió la cuenta, ya sea por cajero automático (ATM), terminal de autoservicio (TAS) o ventanilla, no tienen costo para el cuentahabiente.

    Las cuentas de depósito en pesos están destinadas solamente a personas humanas y están compuestas por las cajas de ahorros, las cuentas sueldo, las cuentas de la seguridad social (en adelante, cuentas previsionales) y la recientemente relanzada Cuenta Gratuita Universal (CGU). También, existen otros tipos de cuentas de depósito, utilizadas con fines específicos, como las cajas de ahorros para el pago de planes o programas de ayuda social, entre otras.

    Figura 2.1 | Operaciones básicas de las cuentas de depósito Informe de Inclusion financiera

    Nota | "DDS" significa Debida Diligencia Simplificada. Para más detalles sobre las cuentas, indagar los siguientes contenidos explicativos: CGU, cuenta sueldo, cuentas previsionales.
    Fuente | BCRA.

    La CGU21 fue relanzada a fin de avanzar en la bancarización plena de la población, en especial de aquellos sectores más vulnerables. Esta cuenta está disponible para todas aquellas personas que no tengan otra cuenta bancaria en el sistema financiero y su apertura sólo requiere la presentación del DNI. Esta cuenta admite todo tipo de acreditaciones, incluyendo aquellas originadas en la venta de bienes y servicios a través de la “Tarjeta Alimentar” dentro del marco del “Plan Argentina contra el Hambre”.

    Las cuentas de depósito comparten la mayor cantidad de las operaciones básicas, existiendo algunas diferencias en la documentación mínima requerida para su apertura, límites de saldo mensuales y en el esquema de comisiones de las operaciones realizadas en cajeros automáticos y terminales de autoservicio. Tanto en la CGU como en las cajas de ahorros cuando su apertura se realiza a través del proceso de Debida Diligencia Simplificada, el saldo de la cuenta debe ser inferior a 25 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) y las operaciones mensuales en efectivo no superar los 4 SMVM. En la misma línea, las cajas de ahorros para el pago de programas sociales tienen un límite mensual de 5 SMVM para acreditaciones distintas al beneficio social.

    Por otra parte, las operaciones realizadas en ATM y TAS a través de ATMs y TAS mediante cuentas sueldo, previsionales y aquellas destinadas al pago de programas sociales no tienen costo para el cuentahabiente, sin importar a qué entidad financiera pertenece el dispositivo o su ubicación (dentro o fuera de una sucursal bancaria). En el caso de la CGU, se contemplan hasta ocho operaciones sin costo en ATMs de otras entidades financieras pero pueden tener costo aquellas realizadas en dispositivos de la propia entidad financiera ubicados fuera de las sucursales -por ejemplo, en un supermercado-. En cambio, en las cajas de ahorros, pueden tener costo para el cuentahabiente las operaciones concertadas en dispositivos de otras entidades financieras y de la propia entidad ubicados fuera de las sucursales.

    Para dimensionar la penetración de los distintos tipos de cuentas de depósito en la población, se analiza el porcentaje de adultos que posee al menos una cuenta de depósito. La apertura de cuentas a personas beneficiarias de programas de ayuda social y jubilaciones o pensiones incide favorablemente sobre este indicador, como así también la apertura de cuentas sueldo. Para conocer el impacto de cada cuenta en el indicador global, se estimó la cantidad de beneficiarios para cada uno de los tipos de cuentas en función de la información disponible22. Cabe aclarar que para realizar este ejercicio se asumió que no existen superposiciones en la tenencia de cuentas entre estas tres categorías y que las personas pertenecientes a estos grupos no tienen otra cuenta bancaria distinta a las mencionadas.

    La cantidad de personas con cajas de ahorros para el pago de programas sociales se estimó en base a los titulares únicos del programa social Asignación Universal por Hijo (AUH). La AUH es uno de los programas de ayuda social más relevantes del país, que cuenta con más de 2 millones de titulares únicos23. Si bien es el tipo de cuenta con menor participación en el indicador global, su incidencia sobre el mismo resulta significativa incrementando su valor global. Al no contemplar este grupo de cuentas en el cálculo, el porcentaje de adultos con al menos una cuenta se reduce a 73,8%.

    Un poco más de la mitad de este valor se explica por el conjunto de cuentas sueldo y previsionales mientras que la parte restante se relaciona con tenedores de distintos tipos de cajas de ahorros, tales como trabajadores independientes y personas beneficiarias de programas sociales distintos a la AUH -por ejemplo, seguro de desempleo-.

    Figura 2.2 | Porcentaje de la población adulta con al menos una cuenta bancaria en pesos

    Discriminado por tipo de cuenta

    Discriminado por género (marzo 2018)

    Informe de Inclusion financiera

    Nota | Columna TOTAL: porcentaje de la población adulta total y de cada género corresponde a CUITs únicos con al menos una cuenta bancaria.
    Fuente | BCRA, COELSA, ANSES e INDEC.

    De este modo, el indicador de tenencia de al menos una cuenta de depósito neteado de cuentas previsionales y para el pago de programas sociales arroja un guarismo final de 54% a enero de 2017, acercándose al valor obtenido por la encuesta Global Findex24, con apenas un 48% de la muestra respondiendo afirmativamente sobre la tenencia de cuentas bancarias por parte de la población adulta. En el IIF anterior se mencionó que ello podría reflejar el desconocimiento de muchas de las personas respecto de la posesión de cuentas en el sistema financiero, dado que otro relevamiento obtuvo que el 39% de la población respondió ese mismo año no poseer ningún producto financiero. El 54% aquí obtenido, como una aproximación, podría señalar que este desconocimiento sobre la tenencia de cuentas podría provenir en mayor medida de los segmentos que perciben jubilaciones y/o pensiones y el pago de programas sociales; aunque ello no resulta corroborable a partir de los datos disponibles.

    Si se realiza la desagregación por género de los cuentahabientes a marzo de 2018, se observa que no se registra brecha a nivel global, hecho probablemente explicado en gran parte por la participación de las mujeres en la AUH (97% se encuentra en cabeza de mujeres)25. Si restamos del cálculo a las cajas de ahorros para el pago de programas sociales, la brecha de género en la tenencia de cuentas de depósito asciende a 11,5 p.p. en detrimento de la mujer.

    A su vez, la cantidad de cuentas previsionales ascendía a 3,6 millones para las mujeres y a 2,1 millones para los hombres26. De esta manera, si también restamos las cuentas previsionales, el resultado indicaría que 8,2 millones de mujeres poseían una cuenta (47,4% de la población adulta femenina) en comparación con 10,8 millones de hombres (66,7% de la población adulta masculina), resultando en una brecha de 19,4 p.p.

    Paralelamente, la tenencia de cuentas sueldo muestra una brecha de 9 p.p. en detrimento de la mujer, en línea con su menor participación en el mercado laboral formal. Como se señala en la sección de crédito a personas humanas, las mujeres tienen una menor tasa de actividad en el mercado laboral -49% vs. 70% de los hombres- y una menor tasa de empleo -44% vs. 64% de los hombres27.

    Un indicador complementario, utilizado como variable proxy en los países que no poseen datos individualizados de tenencia de cuentas de depósito, es la cantidad de cuentas de depósito cada 10.000 adultos. A diciembre de 2019, se registraron 16.866 cuentas de depósito cada 10.000 adultos, lo que equivale a decir 1,6 cuentas de depósito por adulto, registrando un crecimiento interanual promedio de 9,6% a lo largo de la última década. Si consideramos las cuentas de depósito en moneda local, las cuales representan un 82% del total, se registra aproximadamente 1,4 cuentas de depósito por adulto.

    Figura 2.3 | Cuentas de depósito cada 10.000 adultos Informe de Inclusion financiera

    Fuente | BCRA e INDEC.

    La información provista por las entidades financieras admite agrupar las cuentas de depósito en moneda local según su nivel de saldo (promedio mensual)28. En base a dicha información se obtiene la distribución de la cantidad de cuentas según distintos niveles de saldos, así como también el saldo promedio en cada uno de esos grupos.

    El primer rango de información agrupa a las cuentas con un saldo promedio mensual de hasta $2.999. Este rango aglutinó más de 30 millones de cuentas de depósito (de un total de 46,8 millones) por un monto total de casi $15 mil millones a diciembre 2019. Ello equivale a decir que el 66% de las cuentas de depósito en pesos se concentró en el rango inferior que, en promedio, registraba un saldo de $480. Una distribución similar se verificó para los meses de diciembre de 2017 y 2018, con una proporción levemente mayor en el primer rango, probablemente por el efecto de los valores nominales de los tramos de saldos.

    Dejar saldos depositados en una cuenta de depósito podría ser considerado como ahorro pasivo. Apenas 1 de cada 3 personas informó dejar saldos en cuentas de depósito o cuentas corrientes como forma de ahorro29, lo cual se encontraría en línea con la información aquí analizada.

    Figura 2.4 | Particpación relativa de las cuentas de depósito por tramo de saldo Informe de Inclusion financiera

    Nota | m = mil. Se consideran las cuentas de depósito en moneda local y el saldo de cada cuenta corresponde al saldo promedio mensual.
    Fuente | BCRA.

    Las cuentas de depósito que tienen asignada la recepción de alguna clase de ingreso -sueldos, jubilaciones y pensiones y ayuda social- concentraban el 64% del total de cuentas de depósito en moneda local a diciembre de 2019, siendo las cuentas previsionales aquellas que mayor participación registraban (28%). Este comportamiento se mantiene constante a lo largo de los últimos 6 años. El hecho de que el resto de las cajas de ahorros tengan una participación del 35% sobre el total podría estar indicando que gran parte de la población posee una cuenta de ahorro adicional a la que percibe sus ingresos. Esto estaría relacionado con la métrica anteriormente mencionada de que en Argentina existen 1,4 cuentas de depósito en pesos por adulto.

    2.2. Transacciones por medios de pago electrónico y extracciones de efectivo
    En línea con los objetivos planteados por el BCRA, los medios de pago electrónico facilitan las transacciones de la población y, al mismo tiempo, contribuyen a reducir el uso de efectivo. Ellos permiten superar las barreras geográficas, haciendo que sea más sencillo enviar y recibir dinero, simplifican las transacciones de bienes y servicios y aportan a una mejor administración de los recursos disponibles.

    En ese marco, se analizan las operaciones realizadas por los individuos a través de tarjetas de crédito, débito, prepagas y transferencias electrónicas30. En particular, se consideran en el análisis las compras con tarjeta de débito, crédito y prepagas, las transferencias de fondos originadas en cuentas bancarias mediante canales electrónicos y las extracciones de efectivo en cajeros automáticos realizadas mediante tarjetas u otros sistemas alternativos. Tanto la cantidad de operaciones como los montos involucrados son medidos en relación con la población adulta. 

    En cada una de las métricas de medios de pago electrónico, se registraron incrementos relativos a la población, tanto en cantidad de operaciones como en el monto operado31 en términos reales, a pesar de que la actividad económica se ha estancado o contraído durante el último quinquenio. La existencia de un marco normativo orientado a la expansión de estos medios de pago puede explicar parcialmente su continuo crecimiento. La obligatoriedad de los comercios de aceptar pagos con tarjetas de débito y la reducción progresiva de las tasas de intercambio para las operaciones con tarjetas de débito y de crédito32, sumado a innovaciones regulatorias como los pagos por medio de códigos de respuesta rápida (códigos QR33) -incluyendo el pago a través de distintos tipos de tarjetas por este medio- son factores que, desde el lado de los vendedores, contribuyen a explicar el crecimiento de los medios de pago electrónico.

    Por otro lado, la extensión del sistema de transferencias electrónicas a través de diferentes modalidades, tipos de cuentas (bancarias y provistas por Proveedores de Servicios de Pago -PSP), como así también la simplificación adoptada para identificar al destinatario (Alias-CBU34), entre otros, han contribuido a un mayor ofrecimiento y una mayor adhesión por parte de la población. 

    2.2.i. Pagos con tarjeta de débito, crédito y prepagas. Los pagos electrónicos, que facilitan las transacciones y ayudan a la reducción del uso de efectivo, se pueden ejecutar desde distintos entornos tecnológicos como tarjetas, computadoras y celulares. En 2019, los pagos electrónicos con tarjetas crecieron 12% en cantidad promedio de operaciones por adulto y consolidan así varios años de crecimiento.

    En Argentina, la tarjeta de débito fue el medio electrónico más utilizado por parte de la población para realizar pagos durante el año 2019, superando levemente a la tarjeta de crédito en un 7%. En los años previos, este último había sido el instrumento más elegido por la población para realizar pagos, considerando que cuenta con la posibilidad de brindar financiamiento.

    Ambos medios de pago han mantenido su sendero de crecimiento en el año 2019, aunque en el caso de las tarjetas de débito se evidenció una aceleración. Tomando en cuenta la media móvil de la cantidad de operaciones mensuales por adulto, se observa que en los últimos meses los pagos con tarjeta de débito elevaron su rango de crecimiento habitual de 8% a 12% anual. Desde niveles más bajos, el uso de la tarjeta prepaga creció sostenidamente y, al igual que la tarjeta de débito, experimentó una aceleración en los últimos meses. Como se mencionó en el IIF anterior, las tarjetas prepagas, impulsadas por los PSP, admiten las mismas operaciones que las tarjetas de débito. Además, dichas tarjetas están vinculadas a una cuenta de pago que, a través de la Clave Virtual Uniforme (CVU) lanzada por el BCRA, permite agilizar la interoperabilidad de los PSP y las cuentas bancarias.

       

    Con el fin de fortalecer la protección de los usuarios de servicios financieros, en 2020 se establecieron nuevas regulaciones para los PSP. Los fondos de los clientes acreditados en cuentas de pago deben encontrarse en cuentas a la vista, en pesos, en entidades financieras del país y, en todo momento, disponibles con carácter inmediato ante su solicitud35. Se estableció, también, la obligatoriedad de la inscripción en el “Registro de proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago” por parte de los PSP y del correspondiente reporte de información36 al BCRA.

    Figura 2.5 | Operaciones por medios electrónicos de pago por adulto

    Cantidades

    Montos

    Informe de Inclusion financiera

    Nota | Cantidad y monto promedio mensual del período (Índice de precios base enero 2019).
    Fuente | BCRA e INDEC.

    En cuanto a los montos operados relativos a la población adulta, todos los medios electrónicos de pago verificaron -en términos reales- variaciones positivas a lo largo del período, salvo las tarjetas de crédito, que registraron una leve caída. Esto último podría explicarse por las condiciones macroeconómicas adversas en las que operó la economía, en particular, la persistencia de tasas de interés elevadas en un contexto de contracción de la actividad económica. Al igual que lo observado en relación con las cantidades, el monto de las tarjetas prepagas registró el mayor incremento relativo partiendo de los niveles más bajos (promedio mensual por adulto $21, $31 y $60 para 2017, 2018 y 2019, respectivamente).

    2.2.ii. Transferencias de fondos originadas en cuentas bancarias mediante canales electrónicos. Las transferencias electrónicas vienen consolidando su crecimiento en los últimos años, creciendo la cantidad de operaciones a tasas cercanas a 47% en los últimos dos años y casi duplicando el monto promedio mensual operado de 2016 a 2019. Además, dicho monto superó en un 40% al monto operado con tarjeta de crédito y en 2,5 veces al monto de tarjetas de débito en el año 2019. En los últimos años se han dictado diversas normativas para mejorar la experiencia del usuario, se creó un seudónimo (Alias-CBU) para facilitar la identificación de las cuentas y se permitió aumentar transitoriamente los límites a pedido de los clientes37, entre otras. 

    Tanto en cantidades como en montos transferidos, el canal más utilizado por los adultos en los últimos años ha sido el HB, seguido por el ATM y en tercer lugar por el MB. Las transferencias por HB, con crecimientos significativos en el periodo, duplicaron en cantidades las realizadas por ATM y superaron en 5 veces las de MB en 2019. 

    En cuanto a los montos, fueron 6 y 11 veces más elevados a los canalizados por ATM y MB, respectivamente. Desde valores relativamente inferiores, MB lideró el crecimiento de estos canales durante este lapso, tanto en cantidades (aumento de 500%) como en volúmenes (incremento superior al 300%). Ello iría en línea con una tendencia a favor de la adopción de teléfonos celulares para la realización de operaciones financieras, dado que ofrecen una alternativa práctica y ágil para operar a través de una cuenta.

    Figura 2.6 | Cantidades y montos de transferencias electrónicas por canal por adulto  Informe de Inclusion financiera Nota | Cantidad y monto promedio mensual del período (Índice de precios base enero 2019). Se contempla sólo operaciones de personas humanas.
    Fuente | BCRA e INDEC.

    2.2.iii. Extracciones de efectivo por ATM por adulto. Desde el año 2016 al 2019, las extracciones de efectivo en ATM aumentaron un 29%, mientras que los importes promedio extraídos disminuyeron un 22% en valores constantes. Ello podría responder a la evolución de la infraestructura financiera y al mencionado incremento en el uso de medios electrónicos de pago. A mayor disponibilidad de puntos físicos, tanto de PDA como de puntos de extracción de efectivo alternativos, se facilita la posibilidad de realizar -en cualquier momento- estas operaciones, sin la necesidad de retirar grandes sumas de dinero en cada oportunidad. 

    Por otro lado, al fomentarse el mayor uso de medios de pago electrónico, la adopción de estos instrumentos se incorpora rápidamente en los nuevos hábitos de pago de la población. De este modo, se verifica que en el año 2019, por cada 100 extracciones por adulto, se efectuaron casi el doble de operaciones por medios electrónicos de pago (191), las cuales se descomponen en 89 con tarjeta de débito, 82 con tarjeta de crédito, 17 transferencias y 3 con tarjetas prepagas.

    Figura 2.7 Extracciones de efectivo por ATM por adulto Monto Cantidad

    Informe de Inclusion financiera

    Nota | Cantidad y monto promedio mensual del período (base enero 2019)
    Fuente | BCRA e INDEC.

    2.3. Modalidades de ahorro

    Las modalidades de ahorro pasivo y activo son canalizadas por la población a través de distintos instrumentos del sistema financiero. En el caso del ahorro activo, el cual implica la elección de un producto específico de ahorro, los plazos fijos constituyen una de las principales herramientas para canalizar el ahorro doméstico y obtener una retribución.

    Los plazos fijos son colocaciones en las que el depositante entrega a la entidad financiera una suma de dinero durante un cierto período, a cambio de una retribución futura convenida entre las partes. Pueden ser efectuados en pesos, UVA (Unidades de Valor Adquisitivo) o moneda extranjera (principalmente dólares o euros), tener una retribución fija o variable y realizarse de manera presencial o remota (canales electrónicos). Su plazo mínimo es de 30 días corridos y algunos de ellos pueden ser cancelados antes de su fecha de vencimiento (opción de precancelación). También tienen la posibilidad de ser constituidos sin contar con una cuenta bancaria aunque normalmente son realizados a través de ellas.

    Los plazos fijos en pesos y en moneda extranjera tienen características similares excepto por la moneda de captación y liquidación. En cambio, los plazos fijos en UVA tienen a la UVA como unidad de cuenta, la cual se actualiza por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que sigue la evolución del Índice de Precios al Consumidor. Este instrumento constituye una alternativa de ahorro en pesos ajustable a la evolución de los precios, manteniendo el poder adquisitivo del capital ahorrado.

    Figura 2.8 | Principales caracterísitcas de los plazos fijos Informe de Inclusion financiera

    Fuente | BCRA.

    Los Plazos Fijos en UVA requieren un plazo mínimo de 90 días corridos, pero ofrecen una alternativa que incluye la posibilidad de cancelación de manera anticipada a partir de los 30 días de su constitución38. La tasa de interés de la salida anticipada quedará fija al momento de contratar el plazo fijo para quienes opten por el plazo de 90 días, más 1% nominal anual, garantizando una tasa de interés real positiva.

    Uno de los indicadores básicos para dimensionar la utilización de este instrumento de ahorro es la cantidad de plazos fijos realizados por personas humanas39 en relación con la población adulta del país. A diciembre de 2019, la cantidad de plazos fijos por cada 10.000 adultos arrojó un valor de 909, retrocediendo 10% en relación con el valor de un año atrás. Una lectura estilizada de dicho valor indica que, en promedio, 1 de 10 adultos poseía un plazo fijo a diciembre de 2019. Entre diciembre de 2010 y de 2019, la cantidad de plazos fijos en pesos cada 10.000 adultos más que se duplicó, registrando un incremento interanual promedio de 10%.

    Durante el período analizado, la participación de los plazos fijos en moneda local registró un ligero pero sostenido incremento, ubicándose en 93% a diciembre de 2019. Distintos cambios regulatorios han hecho que la constitución de plazos fijos en moneda doméstica resulte más fácil -a través de canales electrónicos sin la necesidad de ser cliente de la entidad financiera- y responda a necesidades concretas de los usuarios -mantener el poder adquisitivo-. También, las condiciones que rigieron el mercado cambiario pueden haber influido en la selección de los productos de ahorro de la población.

    Figura 2.9 | Cantidad de plazos fijos cada 10.000 adultos Informe de Inclusion financiera

    Fuente | BCRA e INDEC.

    Otro indicador que permite dimensionar la intensidad de uso de los plazos fijos consiste en la relación entre la cantidad de plazos fijos y la cantidad de cuentas de depósito. A lo largo de la última década, la cantidad de plazos fijos cada 100 cuentas de depósito en moneda extranjera se redujo sustancialmente producto de la apertura masiva de cuentas de depósito en dicha moneda. En contraposición, la métrica en moneda local mantuvo un valor promedio de 6 plazos fijos cada 100 cuentas de depósitos.

    Figura 2.10 | Cantidad de plazos fijos cada 100 cuentas de depósito Informe de Inclusion financiera

    Fuente | BCRA.

    El comportamiento de este indicador señala que sólo una proporción reducida de los titulares de cuentas de depósito utilizaría este instrumento de ahorro, lo cual se encuentra en línea con la baja cantidad de plazos fijos en relación con la población adulta y con los resultados de la encuesta mencionada al principio de la sección. El saldo promedio por adulto en términos reales creció sólo un 4% entre diciembre de 2010 y diciembre de 2019. Tomando en cuenta el SMVM a diciembre de 2019, el saldo promedio por adulto a dicha fecha representaba 1,6 veces el SMVM. La distribución geográfica del saldo real de los plazos fijos por adulto no era homogénea entre las diferentes provincias. Se observa como tendencia que las regiones Centro y Patagonia presentaban los valores más altos de plazos fijos por adulto, mientras que las regiones NOA y NEA exhibían los valores más bajos.

    A diciembre de 2019, CABA lideraba el ránking, superando en 1,7 veces a Tierra del Fuego que figuraba en segundo lugar y, en 8 veces a Misiones, ubicada en último puesto. Sin embargo, CABA presentó una caída importante en términos reales en el saldo de plazos fijos (13%) con respecto a diciembre de 2010. Por otro lado, se destaca que Formosa y Catamarca fueron las provincias con mayor crecimiento entre diciembre de 2010 y diciembre de 2019, con un 89% y un 67% respectivamente. Esto implica una reducción en las diferencias de saldos de plazos fijos por adulto a nivel provincial.

    Figura 2.11 | Saldo real de los plazos fijos de pesonas humanas. Distribución provincial por adulto. Informe de Inclusion financiera

    Nota | Contempla plazos fijos en pesos, UVA y moneda extranjera. Índice de precios (base enero 2019).
    Fuente | BCRA e INDEC.

    Uno de los elementos para fomentar el uso de productos de ahorro como el plazo fijo consiste en facilitar al máximo posible su constitución. Los canales electrónicos como HB y MB presentan muchas ventajas en relación con la modalidad presencial. A partir de la información de los saldos de los plazos fijos constituidos por el sector privado no financiero, se puede afirmar que el canal electrónico ha sido el más elegido por personas humanas y empresas a lo largo de estos últimos 10 años, oscilando entre un 92% y un 97% del saldo total.

    Recuadro / Comparación regional del marco normativo de las cuentas básicas

    Las cuentas básicas buscan promover la inclusión financiera al tiempo que protegen la integridad del sistema financiero40. Especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad, es importante la existencia de una política de admisión de nuevos clientes al sistema financiero que no sea por demás restrictiva y evitar así la exclusión financiera41. Asimismo, sin acceso al sistema financiero formal, dichas personas se vuelcan al efectivo y a canales no regulados, lo que limita la transparencia y aumenta el riesgo de delitos y lavado de dinero, atentando contra la integridad financiera42.

    Las cuentas básicas o simplificadas refieren a cuentas que, a partir de disposiciones regulatorias específicas, suponen para su apertura la solicitud de requisitos de información y de documentación reducidos (política de conozca a su cliente). Gran parte de la población vulnerable no se encuentra en condiciones de presentar la documentación que normalmente se exige para abrir cuentas bancarias estándares, como puede ser el caso de comprobación de domicilio y/o fuentes de ingresos.

    Generalmente, la normativa de las cuentas básicas contempla su apertura a través de canales no tradicionales, tales como los corresponsales bancarios, o remotos, a través de medios electrónicos como la computadora y el celular, con el objeto de facilitar la incorporación al sistema financiero de personas históricamente excluidas. Estos canales contribuyen a reducir los costos de transacción asociados a la prestación de servicios financieros formales en poblaciones alejadas, en especial en zonas rurales, y en aquellas localidades donde no resulta sostenible la provisión de servicios a través de las infraestructuras tradicionales, como sucursales y ATMs.

    En línea con los menores requisitos y procesos de apertura más simples, habitualmente se establecen para este tipo de cuentas límites transaccionales y de saldo, con el objeto de reducir su uso potencial para el manejo de recursos de procedencia ilícita y/o financiamiento al terrorismo.

    Varios países de la región cuentan con marcos regulatorios que definen productos de captación de apertura simplificada, enfocados en mejorar las condiciones de inclusión financiera para la población desatendida. Ese es el caso de países como México, Colombia, Perú y Paraguay, donde este tipo de cuenta posee una denominación específica que permite identificarlas y diferenciarlas del resto de las cuentas de depósito, habiendo sido implementadas en 2012, 2009, 2011 y 2013, respectivamente.

    Salvo México, el resto de los países mencionados sólo contempla la apertura de estas cuentas para personas humanas. Otro factor en común es la posibilidad de realizar la apertura a través de corresponsales y por medios electrónicos y la imposición de límites transaccionales. En contraposición, los marcos regulatorios difieren en la política de cobro de comisiones y en cuanto a las restricciones de tenencia de cuentas a nivel sistema.

    Figura R1 | Comparación regional del marco normativo de las cuentas básicas43 Informe de Inclusion financiera

    En el caso de Argentina, en enero de 2020 se restableció la Cuenta Gratuita Universal (CGU), la cual había sido discontinuada en el año 2016. Esta cuenta bancaria está dirigida a las personas no bancarizadas y se abre con la sola presentación del DNI, no teniendo costo de apertura y de mantenimiento. Todos los bancos están obligados a ofrecerla y abrirla a solicitud de los individuos. A partir de junio del presente año, los bancos deberán ofrecer la apertura a distancia de las CGU, reduciendo barreras geográficas para el acceso a servicios financieros.

    En tal sentido, cabe señalar que si bien resulta relativamente baja la proporción de la población que vive en localidades sin sucursales bancarias (11,6%), en la mayoría de los casos estos puntos de acceso se encuentran ubicados en los centros urbanos, lo que implica que buena parte de la población deba recorrer distancias considerables para acceder a ellos. Asimismo, la cantidad de sucursales por localidad resulta muy escasa para atender a la población que vive en ellas, atento que el 34% de las localidades tienen menos de una sucursal cada 10.000 adultos.

    Las cuentas básicas son un instrumento clave en términos de inclusión financiera, dado que constituyen el vehículo para que los segmentos vulnerables de la población puedan acceder a los beneficios de participar del sistema financiero. En tal sentido, se destaca que la tenencia de una cuenta bancaria permite a las personas realizar transacciones sin efectivo, como compras en comercios y pagos de servicios de manera electrónica, efectuar envíos de dinero -transferencias- y canalizar el ahorro, entre otras.

    3. Crédito

    3.1. Crédito a personas humanas
    El análisis del acceso al crédito es uno de los ejes claves del diagnóstico de la inclusión financiera de un país, ya que permite determinar el grado de utilización por parte de individuos y empresas del financiamiento provisto por el sistema financiero. En Argentina, existen diferentes instituciones que otorgan crédito a los individuos y a las empresas.

    La principal diferencia entre quienes proveen crédito radica en el origen de los fondos que se utilizan para ello. Las instituciones que toman fondos del público y luego los prestan a terceros, lo que se conoce como intermediación financiera, se denominan entidades financieras y se encuentran reguladas por el BCRA de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Entidades Financieras. A septiembre de 2019, el 37% de los adultos argentinos tenía al menos una financiación otorgada por estas entidades.

    En cambio, aquellas que prestan con fondos o capital propio, no se encuentran bajo ese marco regulatorio. Dentro de este grupo, se hallan las empresas no financieras que emiten tarjetas de crédito y/o compra (ETCNB) y los otros proveedores no financieros de crédito (OPNFC)44. A septiembre de 2019, las ETCNB brindaban financiación al 16% de los adultos de nuestro país, mientras que los OPNFC alcanzaban al 9%. Estos dos grupos de instituciones conforman el conjunto de Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC), en tanto que se define como Sistema Financiero Ampliado (SFA) al conjunto que abarca a las entidades financieras y los PNFC.

    En este contexto, todas las entidades financieras y los PNFC inscriptos en los respectivos registros, reportan al BCRA acerca de las financiaciones que otorgan a sus clientes. Este sistema de información crediticia recibe el nombre de Central de Deudores del Sistema Financiero (CENDEU), cuyos datos se encuentran disponibles para consulta individual con CUIT, CUIL o CDI para el público en general en el sitio web del BCRA.

    3.1.i. Adultos con al menos una financiación por conjunto de proveedores y por provincia. De acuerdo con los datos reportados a la CENDEU, a septiembre de 2019, el 37% de los adultos de nuestro país tenía al menos una financiación otorgada por entidades financieras. En cambio, ese indicador ascendía al 49% en el SFA.

    La evolución temporal del indicador, tanto para las entidades financieras como para el SFA, muestra un comportamiento relativamente estable, registrándose un pequeño aumento en el año 2018 y, con la información disponible, una contracción durante 2019. Los porcentajes observados se mantuvieron casi sin variaciones en los últimos años, mostrando ciertos límites en la inclusión de nuevas personas a productos de crédito.

    Figura 3.1| Porcentaje de adultos con ale menos un financiamiento. Informe de Inclusion financiera

    Fuente | BCRA e INDEC.

    La distribución por provincia45, tanto para el financiamiento de entidades financieras como para aquel del SFA, muestra que CABA era la provincia con mayor proporción de deudores sobre su población adulta, mientras que Corrientes se situaba en el extremo opuesto. En todas las provincias se registra un aporte considerable de los PNFC al porcentaje de deudores, siendo La Rioja la provincia con la mayor participación de este grupo (17,3% de la población adulta), seguida de Catamarca (16,7%), al tiempo que La Pampa registraba la menor magnitud (6,6%).

    En términos regionales, al igual que sucede con los indicadores de PDA y crédito de personas humanas con actividad empresarial, se registra un mejor desempeño para las regiones Centro y Patagonia, con un 51% y 52% respectivamente de porcentaje de deudores en el SFA, mientras que el NEA, el NOA y Cuyo verificaban una menor proporción de adultos con financiamiento (40%, 44% y 45% respectivamente).

    A los efectos de analizar factores explicativos del acceso a financiamiento, se considera la relación entre la participación en el mercado laboral formal y el acceso a financiamiento, tomando como indicador la tenencia de una cuenta sueldo46. A nivel nacional, el 25% de los adultos tenía una cuenta de este tipo a septiembre de 2019. Dentro de este conjunto, el 79% de las personas poseía al menos un financiamiento otorgado por el SFA.

    Se verifica una mejora considerable del indicador de acceso a financiamiento para las personas con cuenta sueldo, atento que existe una diferencia de 30 puntos porcentuales (p.p.) entre el porcentaje total de adultos que accede a financiamiento y el porcentaje de adultos con cuenta sueldo que accede al mismo. Nuevamente, se registran grandes disparidades a nivel provincial, siendo Corrientes la provincia con menor acceso a financiamiento de su población con cuenta sueldo (56%) y Santa Cruz la de mayor acceso (84%).

    Figura 3.2 | Deudores por provincia y acreditación de remuneraciones en cuenta bancaria Informe de Inclusion financiera

    Nota | EEFF: Entidades Financieras. Datos a septiembre 2019.
    Fuente | BCRA e INDEC.

    3.1.ii. Adultos con al menos una financiación por tipo de proveedor, tipo de financiamiento y grupo etario. Las entidades financieras pueden clasificarse en distintos grupos institucionales principales: bancos privados (50 entidades), bancos públicos (13) y compañías financieras (15). Por otro lado, si se consideran los PNFC que reportan a la CENDEU, encontramos a las ETCNB y los OPNFC47. En base a esta clasificación, el 30% de la población adulta tenía al menos una financiación con un banco privado a septiembre de 2019. Los bancos públicos, por su parte, alcanzaban al 11% de los adultos, mientras que las ETCNB y los OPNFC lo hacían en un 16% y 9%, respectivamente48.

    Tanto a nivel nacional como en cada una de las regiones, los bancos privados resultan ser el grupo institucional que financió a un mayor porcentaje de la población, seguidos por las ETCNB -con excepción de la región NEA dónde los OPNFC toman mayor relevancia que estas últimas-.

    Si bien a nivel nacional los bancos públicos demuestran un mayor alcance que los OPNFC, este desempeño no es homogéneo a lo largo del territorio, existiendo marcadas diferencias entre las regiones. Se observa que en las regiones Centro y Patagonia los bancos públicos otorgan financiamiento a un porcentaje de adultos mayor que los OPNFC, mientras que en Cuyo, el NEA y el NOA ese comportamiento se invierte.

    Realizando una comparación agregada, a nivel de entidades financieras, por un lado, y de OPNFC más ETCNB, por otro, se verifica que mientras en la región Centro las primeras tenían mayor participación relativa (que oscilaría entre un mínimo de 32% y un máximo de 42%), la participación de los segundos era relativamente baja (entre 14% y 22%). Por el contrario, los OPNFC y las ETCNB adquieren mayor relevancia en las regiones NEA, NOA y Cuyo, donde los bancos disminuyen su participación relativa. En la Patagonia, el porcentaje de adultos con financiamiento es elevado en términos relativos a las demás regiones para todos los grupos institucionales, destacándose que es la región donde los bancos públicos tienen mayor alcance.

    Figura 3.3 | Porcentaje de adultos al menos un financiamiento por el grupo institucional Informe de Inclusion financiera

    Nota | Datos a septiembre 2019.
    Fuente | BCRA e INDEC.

    Por el lado del tipo de financiamiento, a septiembre de 2019, el 38% de la población adulta contaba con al menos una financiación por tarjeta de crédito (tanto bancarias como no bancarias). Para dicho período, las entidades financieras y las ETCNB reportaron que había en Argentina un total de 28 millones de tarjetas de crédito titulares que registraron actividad49. Teniendo en cuenta esta cantidad en relación con la población adulta que registraba asistencias por tarjeta de crédito, surge que cada deudor tenía en promedio 2 tarjetas de crédito.

    En segundo lugar, se encuentran los créditos personales, a los que accedía el 25% de la población adulta. Para ambos tipos de financiamiento, se observa una leve reducción en el porcentaje de adultos entre diciembre de 2018 y septiembre de 2019. Por otra parte, los préstamos a mayor plazo y que requieren de garantías, alcanzaban a un porcentaje mucho menor de la población adulta. Sólo el 1,3% de los adultos tenía un préstamo prendario, mientras que para los hipotecarios el porcentaje comprendía sólo al 0,7%.

    En lo que respecta a la edad de los deudores, en todos los rangos etarios, el tipo de asistencia más utilizado fue la tarjeta de crédito. A partir de los 65 años se incrementa considerablemente el porcentaje de la población que accede a préstamos personales. Este fenómeno podría estar asociado a la existencia de líneas de crédito ofrecidas por las entidades financieras a los jubilados y pensionados que perciben haberes jubilatorios o pensiones en cuentas bancarias.

    Figura 3.4 | Porcentaje de adultos con al menos un financiamiento en el SFA por tipo de asistencia y grupo etario Informe de Inclusion financiera

    Nota | Datos a septiembre 2019. Fuente | BCRA e INDEC.

    Los préstamos hipotecarios tomaban una mayor preponderancia en la población de entre 35 y 54 años, lo que podría relacionarse con un nivel de ingreso más alto y estable en estos grupos etarios, así como una mayor preponderancia de la constitución de hogares independientes y la adquisición de vivienda propia. Por su parte, los préstamos prendarios registraban un alcance relativamente más prolongado hasta los 64 años.

    3.1.iii. Situación de financiamiento de los deudores. Las entidades financieras y los PNFC clasifican a los deudores de acuerdo con la capacidad de pago de su deuda. La normativa dispone la existencia de niveles de agrupamiento (“situaciones”) de los deudores en orden decreciente de calidad, siendo la Situación 1 aquella en la que los deudores son capaces de atender adecuadamente todos sus compromisos financieros (aun pudiendo registrar retrasos en el pago) y las Situaciones 5 y 6 aquellas en las que la deuda se considera incobrable50.

    Los deudores clasificados en la Situación 1 y 2 se agrupan en la situación regular, es decir, que pueden atender la totalidad de sus compromisos financieros, y todos los otros deudores se consideran bajo la categoría de situación irregular. A septiembre de 2019, el 74% de los deudores del SFA se encontraba en situación regular. La evolución temporal de este indicador muestra una reducción en el porcentaje de deudores que atienden adecuadamente sus obligaciones, habiendo caído 4 p.p. y 2 p.p. en comparación con el mismo mes de 2017 y 2018, respectivamente.

    Figura 3.5 | Porcentaje de deudores de SFA en situación regular por género Informe de Inclusion financiera

    Nota | Se incluyen los deudores cuyas financiaciones han sido cedidas a fideicomisos financieros.
    Fuente | BCRA e INDEC.

    La desagregación de este indicador de acuerdo con el género de los deudores denota una diferencia en el comportamiento de repago entre hombres y mujeres: mientras que de la totalidad de las mujeres con al menos un financiamiento en el SFA, el 75,7% cumplía adecuadamente con sus obligaciones, en el caso de los hombres, ese porcentaje se reducía al 72,4%. Una diferencia similar se mantiene a lo largo del tiempo indicando que las mujeres como grupo suelen tener un mejor comportamiento de pago de sus deudas que los hombres. El deterioro en la situación de repago evidencia un desempeño diferente entre ambos géneros, registrándose una caída mayor para las mujeres que para los hombres, que fueron de 4,4 p.p. y 4,1 p.p. en los últimos 24 meses, respectivamente.

    En términos de edad, el porcentaje de deudores en situación regular es menor en los jóvenes que en los mayores, evidenciando una relación positiva entre la edad de los deudores y el comportamiento de repago. A septiembre de 2019, el 69% de los deudores de entre 20 y 40 años se encontraban en situación regular, mientras que para los deudores de entre 40 y 65 años ese porcentaje ascendía a 74% y para los mayores de 65 años a 82%. Asimismo, se aprecia que la mayor cantidad de deudores que no cumplen adecuadamente con el repago de sus obligaciones financieras se encuentra comprendida entre los 30 y los 45 años.

    A nivel geográfico, las provincias de la Patagonia tenían una mayor proporción de deudores en situación regular que el resto de las provincias, mientras que las provincias de Cuyo presentaba los valores más bajos. CABA y La Pampa eran las jurisdicciones de nuestro país con mayor porcentaje de deudores en situación regular, mientras que La Rioja y San Luis eran las que menor porcentaje registraban.

    Figura 3.6 | Porcentaje de deudores del SFA en situación regular por provincia Informe de Inclusion financiera

    Nota | Se incluyen los deudores cuyas financiaciones han sido cedidas a fideicomisos financieros.
    Fuente | BCRA e INDEC.

    La evolución del indicador a lo largo de los últimos años evidencia que todas las provincias argentinas han sufrido una reducción en la proporción de deudores que atienden regularmente sus compromisos, siendo dicha disminución mayor para las provincias que conforman el NEA y el NOA. En particular, Chaco y Formosa presentan caídas pronunciadas de 7,5 y 6,2 p.p. respectivamente que, en comparación con las caídas de CABA y La Pampa (2,4 y 1,4 p.p. respectivamente), muestran que el deterioro en el indicador ha tenido un impacto muy heterogéneo a lo largo del territorio.

    3.1.iv. Brechas de género por grupo institucional, tipo de financiamiento y grupo etario. A septiembre de 2019, el 46,0% de las mujeres y el 51,8% de los hombres tenían al menos un financiamiento en el SFA. Estos dos valores muestran la existencia de una brecha de género en acceso a financiamiento que alcanzaba los 5,8 p.p. Desagregando el indicador se verifica que la brecha está explicada principalmente por los financiamientos otorgados por las entidades financieras, alcanzando la brecha para este subconjunto un valor de 3,7 p.p. Dentro del subconjunto de los PNFC, la brecha es considerablemente más reducida, registrándose una diferencia de 0,4 p.p. para las ETCNB y 0,5 p.p. para los OPNFC.

    Figura 3.7 | Porcentaje de adultos con al menos una financiación por género y grupo de proveedores de crédito Informe de Inclusion financiera

    Nota | Datos a septiembre 2019.
    Fuente | BCRA e INDEC.

    La evolución del porcentaje de deudores por género muestra que, durante el año 2018, el porcentaje de mujeres que tuvieron al menos una financiación en el SFA aumentó en 0,8 p.p., mientras que para el caso de los hombres el incremento fue de 0,4 p.p. Durante el año 2019, sin embargo, se observa una disminución en el porcentaje de adultos que acceden a financiamiento, siendo para el caso de las mujeres de 1 p.p. y para los hombres de 1,2 p.p. Estos cambios muestran una leve reducción de la brecha de género en acceso al crédito, tendencia que se observa también en los años anteriores.

    En todos los tipos de financiamiento, el porcentaje de hombres era superior al de mujeres en el SFA. Si bien la diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres resultaba mayor para el caso de las tarjetas de crédito y los préstamos personales (4,1 p.p. y 3,1 p.p. respectivamente), para los tipos de préstamo que requieren mayores garantías y más plazo de repago (préstamos prendarios e hipotecarios) la diferencia entre hombres y mujeres resultó mayor en términos relativos (atento que existía casi el doble de hombres que de mujeres que accedían a estos tipos de financiamiento). Sin embargo, dado que los préstamos prendarios e hipotecarios abarcan a porcentajes considerablemente menores de la población, el impacto de la disparidad es relativamente más limitado. Cabe aclarar en este punto que la CENDEU registra los préstamos a nombre de un único deudor, por lo cual, cuando un préstamo es tomado por más de una persona (por ejemplo un matrimonio que recibe un préstamo hipotecario), el financiamiento es registrado en CENDEU únicamente a nombre de uno de ellos.

    La brecha de género no se observa sólo en la cantidad de hombres y mujeres que acceden al crédito, sino también en los saldos de financiamiento de cada género. En todos los tipos de financiamiento, excepto en los préstamos hipotecarios, se verifica una diferencia de saldos en detrimento de las mujeres. En tarjetas de crédito, el instrumento de financiamiento más utilizado, la diferencia entre el saldo promedio de hombres y mujeres alcanzaba el 30% en favor de los hombres. Por cada $1.000 de saldo de financiamiento que tenían los hombres, las mujeres registraban $769.

    Por otra parte, en términos de edad de los deudores, se aprecia que a septiembre de 2019 los mayores saldos promedio de deuda para ambos géneros se encontraban entre los 35 y 49 años. A partir de los 20 años, para todos los rangos etarios se registran saldos mayores para los hombres que para las mujeres. Uno de los factores que podrían explicar la brecha de género observada en acceso al crédito es la participación en el mercado laboral. De acuerdo con los datos del INDEC51, las mujeres tenían al tercer trimestre de 2019 una tasa de actividad52 del 49,2% y una tasa de empleo53 del 43,9%, mientras que para los hombres esos valores ascendían al 70,2% y 64% respectivamente.

    Figura 3.8 | Saldo promedio por tipo de asistencia, género y grupo etario Informe de Inclusion financiera

    Datos a septiembre 2019. Deudores y saldos del SFA.
    Fuente | BCRA e INDEC.

    Tomando la tenencia de cuenta sueldo como un indicador del trabajo registrado, a septiembre de 2019 el 21% de las mujeres poseía al menos una cuenta sueldo, mientras que para los hombres el porcentaje ascendía al 28%. Dentro de este conjunto, el 78% de las mujeres contaba con al menos un financiamiento en el SFA, mientras que para los hombres ese valor ascendía a 80%. De este modo, se observa que considerando el universo de adultos que participan en el mercado laboral formal, la brecha de género en acceso al crédito, si bien se reduce, sigue presente. Esto indicaría que existen otros factores, además de la participación en el mercado laboral formal, que inciden en el acceso al crédito de hombres y mujeres.

    3.2. Crédito a las unidades productivas
    En el primer IIF, se analizó la inclusión financiera de las empresas del país en cuanto a su utilización de financiamiento. En esa ocasión, se realizó un estudio estático, caracterizando la situación a un momento del tiempo. En el presente informe, a partir de series históricas, se incorpora la dimensión temporal de las métricas ya presentadas, considerando la evolución de alrededor de 600.000 unidades productivas entre los años 2007 y 2018.

    Los análisis temporales incluyen tanto el financiamiento de empresas constituidas como personas jurídicas (empresas PJ) como aquellas personas humanas que llevan adelante una actividad productiva y/o comercial sin estar constituidas como sociedades o personas jurídicas (empresas PH). Cabe destacar que los análisis de las empresas PH pueden verse influidos por el hecho de que no resulta posible distinguir en forma precisa financiamientos con fines productivos de líneas de crédito destinadas a consumo. Por este motivo, en algunos pasajes de la sección se excluye a las empresas PH de los análisis, como así también se realizan análisis excluyendo a las empresas grandes y medianas tramo 2 con el fin de focalizar el estudio en las MiPyMEs54, de mayor interés para la inclusión financiera.

    Figura 3.9 | Evolución del porcentaje de empresas que tomaron algún crédito con el SFA discriminado por tamaño de empresa y tipo de persona Informe de Inclusion financiera

    Nota | Empresas con financiamiento durante algún mes del año considerado.
    Fuente | BCRA y Ministerio de Desarrollo Productivo.

    El primer indicador de crédito presentado en el anterior IIF consistía en el porcentaje de empresas que tomaron algún financiamiento con el sistema financiero ampliado (SFA)55. Allí se hizo hincapié en las disparidades observadas a nivel del tamaño de la empresa; para el caso de las empresas PJ, apenas un 53% de las microempresas tomó financiamiento durante 2018, mientras que para las empresas grandes esta proporción fue del 96%. Analizando la evolución histórica, se encuentra que estas brechas tendieron a reducirse, especialmente hasta el año 2016.

    Analizando la evolución de este mismo indicador por sector de actividad para las empresas PJ, y focalizando en las unidades de menor tamaño, se observa que la tendencia general al aumento en la proporción de empresas con financiamiento se verifica en todos los niveles y sectores, con muy ligeras diferencias de magnitud. Considerando el desempeño de este indicador en términos absolutos, surge que las brechas entre sectores se redujeron, dado que los sectores con menos acceso a financiamiento aumentaron en mayor cuantía.

    En particular, se destaca la evolución del sector servicios, que amplió el porcentaje de cobertura entre 2007 y 2018 de 24% a un 41% para las microempresas y de 47% a 64% para las empresas pequeñas. Sin embargo, en términos relativos a la cantidad de empresas excluidas, los sectores agropecuario y de industria y minería, que ya partían de valores más elevados, fueron los que registraron el mejor desempeño entre 2007 y 2018. En el sector agropecuario, aumentó en 16 p.p. el indicador de microempresas con financiamiento, y en 15 p.p. el de empresas pequeñas, lo que representó un 31% y 46%, respectivamente, de las empresas sin financiamiento a 2007.

    Figura 3.10 | Evolución del porcentaje de empresas PJ que tomaron algún crédito con el SFA discriminado por tamaño de empresa y sector económico Informe de Inclusion financiera

    Nota | Empresas con financiamiento durante algún mes del año considerado. M-TR1 y M-TR2 significa mediana tramo 1 y tramo 2, respectivamente.
    Fuente | BCRA y Ministerio de Desarrollo Productivo.

    En el sector de industria y minería, el comportamiento fue similar, registrando 15 p.p. de aumento para las microempresas y 11 p.p. para las empresas pequeñas, valores que representaron un 29% y 44% de las empresas sin financiamiento a 2007. Por su parte, el sector servicios, que mostró el mayor incremento absoluto (17 p.p. para microempresas y para empresas pequeñas), fue el de peor desempeño final en términos relativos, dado el bajo nivel inicial, incorporando un 22% y 32% de las microempresas y de las empresas pequeñas, respectivamente, sin financiamiento a 200756.

    A nivel regional, se observan muy ligeras diferencias en los porcentajes de empresas con financiamiento. Considerando las MiPyMEs, los mayores aumentos en términos absolutos se dieron en el NOA y NEA para las MiPyMEs PH, con crecimientos de 25 p.p. y 24 p.p. entre 2007 y 2018, respectivamente, reduciéndose así la brecha con las regiones que tenían mayor porcentaje con financiamiento como eran Centro y Patagonia. En el caso de las MiPyMEs PJ, el aumento del indicador fue más moderado y las brechas entre regiones tendieron a ampliarse, con una mayor incorporación de empresas en Centro y Cuyo, aunque los diferenciales regionales se mantuvieron en valores poco significativos (4 p.p. de diferencia entre la región con mayor y menor porcentaje).

    Figura 3.11 | Evolución del porcentaje de empresas MiPyMEs que tomaron algún crédito con el SFA discriminado por tipo de persona y región geográfica Informe de Inclusion financiera

    Nota | Empresas con financiamiento durante algún mes del año considerado. Fuente | BCRA y Ministerio de Desarrollo Productivo.

    Dentro del universo de empresas que tomaron financiamiento en el periodo analizado, no todas utilizaron el mismo tipo de financiamiento. Las MiPyMEs PJ recurrieron en mayor medida a préstamos garantizados, como los hipotecarios y prendarios, lo que puede expresar una exigencia de colateral más estricta por parte de los proveedores de financiamiento hacia este tipo de empresas en comparación con las de mayor tamaño.

    Por otra parte, las MiPyMEs PJ también utilizaron en mayor medida el descuento de documentos, en tanto que las empresas medianas tramo 2 y grandes apelaron relativamente más a los adelantos. Si bien ambos tipos de financiamiento suelen ser de corto plazo y orientados a capital de trabajo, nuevamente se puede deducir que las MiPyMEs PJ requieren de algún respaldo adicional para obtener el financiamiento (un documento a descontar, como un cheque).

    Por otra parte, en términos de la evolución, se destaca el marcado crecimiento que tuvieron las prefinanciaciones de exportaciones a partir de 2016, convirtiéndose en el principal tipo de financiamiento para las empresas de mayor tamaño. Esto se dio en línea con el aumento de los depósitos en moneda extranjera en las entidades financieras57, que permitió aumentar el crédito a empresas exportadoras. Si bien fueron las empresas más grandes las que pudieron aprovechar en mayor medida este contexto, el alcance que tuvo para las MiPyMEs PJ también resultó significativo, alcanzando un 12% de las financiaciones en 2018.

    Figura 3.12 |Distribución del saldo de deuda de empresas PJ por tipo de asistencia y tamaño de empresa Informe de Inclusion financiera

    Nota | Se calcula en base a la suma de los saldos mensuales en términos reales.
    Fuente | BCRA y Ministerio de Desarrollo Productivo.

    Otra dimensión a partir de la cual se puede medir la inclusión financiera de las empresas, además de considerar cuántas acceden a financiamiento, consiste en evaluar en qué medida pueden hacer frente al repago de esos créditos. En este caso, el indicador utilizado consiste en el porcentaje de empresas -incluye tanto PH como PJ- que tuvieron algún financiamiento en situación irregular58 (en relación con el total de empresas con financiamiento). Este indicador mostró una evolución marcadamente diferenciada para distintos tamaños de empresa.

    Por un lado, las microempresas tenían la menor proporción de empresas con financiamiento irregular en 2007 (2,5%), mientras que las empresas de mayor envergadura (medianas tramo 2 y grandes) mostraban la mayor proporción, superando a las primeras en 4 p.p. Se verificó hasta 2013 que a mayor tamaño, la proporción de empresas con problemas de impago era mayor, relación que a partir del año siguiente se invierte.

    A partir de 2016, se da un pronunciado empeoramiento del indicador para las microempresas, que llegan en 201959 a un máximo de 6,9% del total con saldos de deuda en situación irregular. Si bien a partir de 2018 es pronunciado el aumento de este indicador para todos los tamaños de empresa, se amplía la brecha en detrimento de las más pequeñas, y se verifica que se invirtió el perfil del financiamiento en condición irregular respecto del inicio del periodo.

    Figura 3.13 | Porcentaje de empresas con financiamiento en situación irregular discriminado por tamaño de empresa Informe de Inclusion financiera

    Nota | Se calcula como el promedio del indicador mensual. Incluye a todas las empresas (PJ yPH) en situación irregular con alguna entidad financiera o PNFC en cada mes.
    Fuente | BCRA y Ministerio de Desarrollo Productivo.

    Los análisis precedentes permiten complementar con una visión dinámica el panorama estático presentado en el primer IIF respecto del estado de la inclusión financiera de las MiPyMEs en el país. Por un lado, se destaca que en términos tendenciales, se observó una mejora generalizada (en mayor o menor medida según sector, tamaño o región) de los indicadores de cobertura del crédito, aunque también se empezó a ver una ligera desaceleración en los últimos 2 años analizados.

    Este proceso, sumado al aumento en la proporción de MiPyMEs con financiamiento en situación irregular, da cuenta de que la situación presentaba importantes desafíos para la inclusión financiera de las empresas de menor tamaño. Por un lado, continuar con el proceso de incorporar a más MiPyMEs a la posibilidad de obtener financiamiento, como así también lograr que las condiciones de éste no lo vuelvan una carga demasiado onerosa. Si bien el contexto macroeconómico juega un rol clave en las condiciones en que estos procesos se desarrollan, y una mejora en este aspecto resulta indispensable para la profundización de la inclusión financiera, también son relevantes las acciones normativas que permitan disminuir las barreras de acceso a financiamiento para este conjunto de empresas.

    3.3. Crédito a personas humanas que realizan actividad empresarial
    Continuando con el estudio del financiamiento de las unidades productivas (o empresas), se profundiza el análisis del subconjunto compuesto por personas humanas que llevan adelante una actividad productiva y/o comercial sin estar constituidas como sociedades o personas jurídicas (empresas PH)60. El acceso a financiamiento de este subconjunto permite el desarrollo de la actividad empresarial y facilita la potencial transformación en una unidad productiva de mayor tamaño.

    Dado que la unidad productiva en cuestión está directamente a cargo de una persona humana, resulta posible estudiar, además del tamaño de la unidad productiva y su vínculo con el financiamiento, características como la ubicación geográfica, el género y el grupo etario del titular. Como se mencionó anteriormente, cabe destacar que los análisis presentados a continuación pueden verse influidos por el hecho de que no resulta posible distinguir en forma precisa los financiamientos con fines productivos de líneas de crédito destinadas a consumo.

    En el año 2017, este subconjunto de empresas PH estaba compuesto por más de 326.000 unidades productivas, las cuales representaban el 59% de la base total de empresas tomada como referencia61. De esta cantidad, un 94% correspondía al tamaño de microempresas62, contrastando con la proporción de empresas PJ de este tamaño, que se ubicaba en un 68%63.

    En línea con el menor tamaño relativo de las empresas PH, el saldo de su deuda representaba sólo un 10% del saldo promedio de empresas registrado en la Central de Deudores del Sistema Financiero (CENDEU) durante el 2018, incluyendo tanto las financiaciones otorgadas por entidades financieras como por proveedores no financieros de crédito (PNFC). En relación con el acceso al crédito, el 82% de las empresas PH tuvieron financiamiento durante el año 2018 (periodo de referencia para la deuda), siendo el saldo promedio de deuda de aproximadamente $400.000. Para las empresas PJ, el porcentaje de acceso al crédito asciende a 61% mientras el saldo promedio de deuda resultaba 20 veces superior al registrado por las empresas PH.

    Si se considera el género de los titulares de las empresas PH, surge que el 68% correspondía a hombres (220.454) mientras que el 32% restante a mujeres (105.693)64. Si bien existe una diferencia significativa en la cantidad de empresas PH a favor de los hombres, las diferencias en el acceso a financiamiento resultan mínimas, considerando que la proporción de empresas que registraron financiamiento en algún mes de 2018 asciende a 82% para los titulares hombres y a un 81% en el caso de titulares mujeres. Tanto las menores disparidades como los elevados niveles de acceso a financiamiento se mantienen en todos los tamaños de empresas. Como se mencionó anteriormente, ello podría responder al hecho de no poder distinguir el destino del financiamiento productivo y consumo; por ejemplo, consumos con tarjetas de crédito.

    Sin embargo, sí existe una brecha sustancial en cuanto al saldo de deuda, en tanto las empresas PH de titulares hombres más que duplican en saldo de deuda a las de titulares mujeres. Si bien, las empresas PH de titulares hombres son en promedio de mayor tamaño, esto no explica dichas diferencias, ya que considerando únicamente las microempresas se verifica que el saldo de la deuda de empresas PH de titulares hombres es más del doble que la de titulares mujeres. De todos modos, cabría realizar ajustes adicionales (tales como sector de actividad, facturación, entre otros) para indagar si existen otros factores que expliquen la diferencia además del género.

    Figura 3.14 | Financiamiento de empresas PH, según tamaño y género del titular Informe de Inclusion financiera

    Nota | Empresas con financiamiento durante algún mes de 2018. Para el cálculo de la "deuda promedio", se considera el promedio del saldo de deuda durante el año 2018.
    Fuente | BCRA y Ministerio de Desarrollo Productivo.

    A nivel geográfico, si se considera la distribución regional de este tipo de empresas y sus saldos de deuda, independientemente del género del titular, existe una marcada concentración en la región Centro tanto de la cantidad de empresas PH como de su saldo de financiamiento. Asimismo, esa aglomeración resulta más que proporcional a su población adulta, situación que también se repite en la región Patagónica.

    Figura 3.15 | Financiamiento de empresas PH, según región geográfica y género del titular Informe de Inclusion financiera

    Nota | Para el cálculo de "Saldo de deuda" se considera el promedio del saldo mensual de deuda del 2018.
    Fuente | BCRA y Ministerio de Desarrollo Productivo.

    Pese a estas disparidades, se observa que el porcentaje de empresas PH de titular hombre con financiamiento en 2018 superó el 75% para todas las regiones geográficas, mientras que para las empresas de titulares mujeres el piso fue de un 80%, indicando que no existiría un sesgo geográfico significativo a nivel de acceso, lo que sí ocurre en términos de intensidad de la actividad empresarial y su financiamiento.

    A partir de la composición etaria de los titulares de empresas PH, se verifica una mayor concentración en el rango de edad de 40 a 69 años, es decir, en una etapa de madurez de la vida adulta. Este grupo etario, si bien representaba sólo un 39% de la población adulta total del país, abarcaba un 69% de las empresas PH, que a su vez aglutinaban un 74% del financiamiento total de empresas PH registrado en CENDEU para el año 2018.

    Figura 3.16 | Distribución por el grupo etario de la cantidad de empresas PH, saldo de deuda y población adulta Informe de Inclusion financiera

    Nota | Para el cálculo de "Deuda total de empresas PH", se considera el promedio del saldo mensual de deuda del año 2018.

    Fuente | BCRA, Ministerio de Desarrollo Productivo e INDEC.

    Los jóvenes hasta 34 años son el grupo etario que menos peso tiene en la titularidad de empresas PH relativamente a su participación en la población adulta. En cambio, las empresas PH de titulares de mayor edad concentraron en gran medida el financiamiento en 2018 dado que muestran una participación en los saldos de deuda más que proporcional a su peso en cuanto a cantidad de empresas PH.

    Esta asignación del financiamiento podría estar asociada a que dichas actividades económicas se encuentran en una etapa madura de su ciclo de desarrollo, lo cual también explicaría que el tramo joven de 20 a 39 años, que concentra el 40% de la población adulta, solamente haya aportado el 16% de la cantidad de unidades productivas y concentrado el 11% del saldo de financiamiento, planteando el interrogante de si el acceso a financiamiento limitaría la creación de empresas PH en los grupos etarios más jóvenes.

    En un primer análisis, estas métricas plantean ciertos desafíos en la expansión geográfica y etaria del financiamiento a este subconjunto de unidades productivas y en los niveles de financiamiento en el tamaño microempresa donde se concentran la mayor cantidad de unidades. Este formato de actividad empresarial podría ocupar un espacio relevante en el desarrollo y crecimiento de la actividad económica del país.

    Apartado 1 / El mercado de microcréditos en Argentina

    El tamaño del crédito bancario en Argentina resulta pequeño en comparación a otros países de América Latina y el Caribe debido a una multiplicidad de factores65. En este contexto, el acceso al financiamiento por parte de los sectores más vulnerables de la población toma un aspecto central en la promoción del desarrollo económico y social66. El microcrédito aporta al cumplimiento de dicho objetivo acercando financiamiento a pequeños emprendedores de bajos recursos, habitualmente excluidos del sistema financiero (en adelante, microemprendedores67), permitiéndoles sostener (y eventualmente incrementar) sus actividades productivas y/o comerciales, que son la base de su sustento económico (auto-empleo) y una herramienta para combatir la pobreza68.

    La actividad de generación, gestión y otorgamiento de microcréditos posee características propias que difieren de aquellas seguidas para los créditos tradicionales. El modelo más tradicional de microcréditos se caracteriza por el otorgamiento de montos pequeños, con plazos de devolución acordes a la actividad productiva desarrollada y por la menor exigencia de requisitos habituales como avales o garantías. Asimismo, los microcréditos son provistos principalmente por las instituciones de microcréditos, cuyo formato de trabajo difiere considerablemente del ejecutado por las entidades financieras, dado que tanto la evaluación crediticia como el seguimiento del financiamiento, en general se basan en visitas y encuentros en el campo entre los asesores de crédito y los microemprendedores. En muchos casos, estas entidades brindan asistencia técnica al microemprendedor para mejorar la gestión de las finanzas del emprendimiento.

    En este apartado, se revisan las estadísticas disponibles sobre este sector, enfocándose en cuatro aspectos:

    • 1. Financiamiento brindado por entidades financieras a las instituciones de microcréditos (IMC).
    • 2. Participación de las entidades financieras en el capital social de las IMC.
    • 3. Otorgamiento de financiamiento por las propias IMC.
    • 4. Provisión directa de microcréditos por parte de las entidades financieras.

    En Argentina, el Ministerio de Desarrollo Social realiza junto a RADIM (Red Argentina de Instituciones de Microcrédito) y FONCAP (Fondo Fiduciario de Capital Social) un relevamiento de instituciones que otorgan microcréditos cuyo objetivo es difundir la actividad de éstas y sus principales indicadores de desempeño, como así también brindar información actualizada para la elaboración de estadísticas e informes del sector69. En base al último mapeo -a septiembre de 2019-, se registraban en el país 51 IMCs70, de las cuales el 70% se concentraba en CABA, Buenos Aires y Santa Fe71.

    El análisis del alcance y dimensión de los microcréditos resulta un punto central en términos de inclusión financiera, dado que su población objetivo se encuentra comúnmente excluida del sistema financiero. Combinando la información disponible en el relevamiento con los datos de la Central de Deudores del Sistema Financiero (CENDEU), resulta posible analizar características del mercado de microcréditos como la dimensión geográfica y el género de los deudores.

    El marco normativo del BCRA permite a las entidades financieras otorgar financiamiento a instituciones de microcrédito a través de un mecanismo específicamente diseñado para este sector72. Sin embargo, de acuerdo con los datos disponibles en CENDEU, las entidades financieras no registraron financiamiento a IMCs través de dicho concepto durante 2019. No obstante, esto no implica que las instituciones de microcréditos no accedan a financiamiento, sino que lo hacen de acuerdo con los mecanismos generales dispuestos en la normativa.

    Al respecto, se observa que casi un tercio (16 de las 51) de las instituciones informadas en el relevamiento tomó financiamiento en el sistema financiero durante el último año, siendo el saldo total de deuda de $30 millones a septiembre de 2019. Dicho monto se redujo, en términos reales73, un 57% y un 76% en relación con el saldo de diciembre de 2017 y de 2018, respectivamente. Asimismo, considerando el saldo de la cartera que estas instituciones han otorgado a sus clientes a septiembre de 2019, el financiamiento obtenido del sistema financiero representaba un 1%. De esta forma, se observa que la utilización del sistema financiero como fuente de fondeo era sumamente baja, aumentando la relevancia de otras fuentes como las financiaciones de entes gubernamentales del exterior, fondos propios o donaciones.

    En relación con las características del financiamiento, el 90% correspondía a crédito de corto plazo principalmente asociado a capital de trabajo, el cual era potencialmente destinado al otorgamiento de microcréditos. Otro aspecto relevante es la concentración del crédito en pocas instituciones, dado que solamente 3 instituciones acaparaban el 90% del saldo. Asimismo, las instituciones radicadas en Buenos Aires y CABA tenían una participación de 83% sobre el saldo total del financiamiento.

    Por otro lado, el marco normativo también incluye dentro de las actividades complementarias permitidas a las entidades financieras, la participación en instituciones que tengan por objeto el financiamiento a microemprendedores. En tal sentido, se señala que dos de las IMCs relevadas en el mapeo pertenecen a entidades financieras.

    En cuanto a la caracterización de la demanda de microcréditos, cabe señalar que algunas de las IMCs informan sus deudores a la CENDEU74. A septiembre de 2019, el financiamiento otorgado a microemprendedores por las IMCs reportantes sumaba un total de $3.000 millones y alcanzaba a 56.113 deudores. Si comparamos estos valores con la cartera de clientes de las 51 instituciones informadas en el relevamiento mencionado anteriormente, el saldo representaba el 88% del total de la cartera y la cantidad de deudores el 69% del total de deudores informados en el mapeo.

    Figura A.1.1 | Microcréditos. Cantidad de deudores y saldo de deuda Informe de Inclusion financiera

    Nota | Saldo total en miles de pesos.
    Fuente | BCRA.

    Analizando estos valores con relación a la totalidad del sistema financiero, se puede inferir que los microcréditos son un instrumento poco extendido, dado que representaban el 0,2% del total del saldo y el 0,3% del universo de personas humanas deudoras del sistema financiero (0,7% si solo se consideran los deudores por préstamos personales). Asimismo, el saldo promedio por deudor arrojaba un valor de $52.000, lo que equivale a 3,1 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) del mismo periodo.

    Realizando la desagregación por género, se observa un crecimiento sostenido del saldo de deuda y cantidad de deudores de ambos géneros, pero a partir de diciembre de 2018 se registró un descenso paulatino de ambos indicadores. Sin embargo, en todos los meses analizados, se observó una mayor cantidad de deudores mujeres (54%) que de hombres (46%), comportamiento que difiere de los restantes productos de crédito del sistema financiero, en los que la participación de la mujer resulta menor. No obstante, los saldos fueron superiores para el género masculino, en línea con lo observado para el resto de los distintos tipos de crédito.

    Figura A.1.2 | Microcréditos. Cantidad de deudores y saldo de deuda por género Informe de Inclusion financiera

    Nota | La suma de los valores por género no coincide con el total de la figura A.1.1 debido a que algunos registros no tienen género asignado. Fuente | BCRA.

    A nivel geográfico, la mayor cantidad de deudores estaba registrada en la provincia de Buenos Aires, seguida por CABA y Salta. En este sentido, se observa que no hay superposición espacial de IMCs por lugar geográfico, dado que cada institución de microcréditos se circunscribe en el otorgamiento a un área determinada. La mayor concentración de deudores en Buenos Aires y CABA se encuentra en línea con lo señalado en el capítulo de crédito del presente IIF, ya que la mayor proporción de deudores se encontraba en la región Centro (que incluye CABA).

    Las entidades financieras también pueden proveer préstamos a microemprendedores de manera directa, reduciendo el cumplimiento de los requisitos tradicionales y otorgando un tratamiento acorde a sus características75. Durante el último año, esta facilidad regulatoria fue utilizada solamente por dos entidades financieras, alcanzando un total de 450 deudores con un saldo de deuda de $16,4 millones a septiembre de 2019.

    Como instrumento de financiamiento, la mayor parte del saldo y la cantidad de microcréditos se encuentran concentrados en pocas instituciones y por ende en pocas provincias. Su vínculo con el sistema financiero está más explicado por la participación de entidades financieras en el capital social de IMCs que por la utilización como fuente de financiamiento. En términos de inclusión financiera, el microcrédito se presenta como un instrumento de crédito complementario al sistema financiero tradicional, pero que, en un primer análisis, presenta desafíos similares, como incorporar a más sujetos de crédito, mejorar la cobertura geográfica y reducir la brecha de género en la asignación de recursos.

    Apartado 2 / Fintech e inclusión financiera: un análisis del perfil de sus deudores

    A partir del desarrollo de las aplicaciones tecnológicas al mundo de los servicios financieros, han surgido en los últimos años una variedad de nuevos productos y empresas asociadas, que se suelen englobar bajo el concepto de fintech. Uno de estos servicios financieros innovadores consiste en el otorgamiento de préstamos en forma no presencial, ya sea a través del celular o la computadora (online). Su característica distintiva es la utilización de tecnología para prescindir de la presencia física del solicitante.

    Generalmente, se reemplaza la firma ológrafa del contrato por una firma electrónica, se recurre a la biometría para la validación de identidad a distancia y a mecanismos alternativos de scoring crediticio para evaluar al cliente. A los fines de realizar los cobros y desembolsos, se utiliza la infraestructura bancaria y de redes de cobranza extrabancaria76. En Argentina, este esquema de negocios mostró un desarrollo relevante en los últimos años, identificándose en base a relevamientos propios un total de 46 firmas de préstamos online activas a diciembre de 2019.

    A los fines de evaluar en forma más precisa el impacto que ha tenido la aparición de esta modalidad y su vínculo con la inclusión financiera de la población, se presenta un análisis detallado de la cartera de crédito de un conjunto de empresas fintech que ofrecen la totalidad de sus préstamos de forma remota. Para ello, se consultaron las bases de datos de la Central de Deudores del Sistema Financiero (CENDEU), ante la cual algunas de estas empresas informan sus deudores mensualmente por estar inscriptas como otros Proveedores no Financieros de Crédito (PNFC). Cabe destacar que no todas las empresas que realizan este tipo de actividad se encuentran registradas77.

    Tomando como periodo de referencia agosto de 201978, un total de 141.725 personas poseía saldos adeudados con alguna de estas empresas, por un monto total de $2.809 millones, lo que implica una deuda promedio de $19.820. De ese universo de deudores, casi un 23% correspondía a individuos que no registraron cobro de haberes a través de una cuenta sueldo en los 12 meses previos79. Es decir, los deudores de las empresas fintech analizadas corresponden en su mayoría -más de tres cuartos- a empleados formales, quienes por cobrar su sueldo a través de una cuenta bancaria ya contaban con un primer nexo con el sistema financiero. Este subconjunto de deudores concentra el 82% del saldo de deuda, con un promedio por deudor de casi $21.000, monto que resulta 33% más alto que la deuda promedio de los deudores sin cuenta sueldo ($15.783).

    En cuanto a la situación de pago de estos créditos, el porcentaje de deuda irregular80 ascendía a un 37% del saldo, nivel ampliamente superior al que presentaba el sistema financiero (5,4%)81, principalmente explicado por la irregularidad de la cartera de los deudores con cuenta sueldo (40%). El nivel más bajo lo presentó el grupo que no registraba cobro de haberes del que, al no contar con información adicional respecto de su actividad económica, resulta difícil extraer conclusiones. Cabe mencionar que podrían ser tanto trabajadores informales como microemprendedores o profesionales autónomos, presentando una elevada disparidad en los niveles de ingreso.

    Figura A.2.1 | Cantidad y saldo por tenencia de cuenta sueldo Informe de Inclusion financiera

    Fuente | BCRA.

    Para profundizar el análisis sobre el comportamiento de los deudores fintech, se indagó en su situación crediticia con el resto del sistema financiero ampliado (SFA)82. Por un lado, apenas un 7,5% de éstos no tenía saldos deudores con el SFA. De los restantes deudores que sí mantenían alguna otra deuda, un 71% acumulaba un saldo promedio de más de $50.000, mientras que un 31% promediaba un saldo de $200.000. Como referencia comparativa, el saldo adeudado medio de un deudor de las entidades financieras se ubicaba a la misma fecha (agosto 2019) en torno a los $100.000 mientras que solo un 10% de los deudores superaba los $200.000.

    Ampliando la muestra de deudores a todos aquellos que hayan tenido en algún momento saldo deudor con alguna de las empresas fintech analizadas a partir de su registro como PNFC (en adelante, deudores históricos), se observó que la irregularidad de la deuda con otros proveedores y entidades financieras informantes a CENDEU, permaneció elevada a lo largo de todo el período analizado83. Además, la cantidad de deudores con al menos una línea en situación irregular mostró una tendencia ascendente desde 2017, con una aceleración a partir de junio de 2018, aumentando de un 50% a un 64% entre dicho mes y agosto de 2019.

    En términos de las características demográficas84 de los deudores históricos, se destaca en primer lugar la diversidad geográfica de los deudores, considerando las 24 provincias del territorio nacional. Los principales distritos en que se encontraban las personas asistidas son la provincia de Buenos Aires (44%), CABA (10%), Córdoba (9%) y Santa Fe (7%), en línea con la distribución de la población adulta85, lo que da cuenta de que el canal electrónico le otorgó a las empresas fintech un amplio alcance geográfico sin necesidad de tener infraestructura física propia en los distintos puntos en que se ubicaban sus deudores.

    Figura A.2.2 | Distribución etaria de los deudores fintech vs. SFA Informe de Inclusion financiera

    Anillo externo: deudores totales / anillo interno: deudores de las fintechs.
    Fuente | BCRA.

    En cuanto a la distribución etaria, se observó una tendencia en favor de gente más joven. Los adultos mayores86 apenas abarcaron un 2% de los deudores, mientras que en el extremo opuesto los millennials87 representaron un 22% del total y los adultos jóvenes88 un 37%, siendo estas proporciones notablemente superiores a las que surgían considerando el total de créditos registrados en CENDEU.

    A partir del análisis de esta muestra de deudores fintech, se puede afirmar que una proporción reducida se encontraba al margen del sistema financiero -23% no poseía una cuenta sueldo y 7,5% no contaba con financiamiento de entidades financieras u otros proveedores de crédito-, indicando una acotada ampliación del acceso al financiamiento a sectores tradicionalmente excluidos y, con ello, un bajo impacto en la inclusión financiera de la población.

    Esta configuración plantea interrogantes acerca de las razones por las cuales este conjunto de deudores –en muchos casos con cuenta sueldo y crédito en entidades financieras–, ha elegido a las empresas fintech para acceder –en muchos casos, nuevamente– al financiamiento. Se pueden plantear diversas hipótesis, vinculadas a sus requisitos más flexibles, operatoria más dinámica y ágil a través de las nuevas tecnologías y/o la imposibilidad de volver a tomar crédito del sistema financiero tradicional, entre otras.

    Nota metodológica

    Datos de población
    Este IIF presenta indicadores que se encuentran desagregados por distintas variables demográficas y geográficas. Para la elaboración de dichos indicadores, se utilizaron datos de población basados en la proyección de población realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC). Atento que dicho organismo no publica una serie que contenga simultáneamente todas las desagregaciones utilizadas a lo largo de este IIF (género, grupo etario y ubicación geográfica a nivel provincial, departamental y de localidad), fue necesario tomar distintas series de acuerdo con la definición de cada indicador.

     

    Para los indicadores a nivel nacional y provincial se utilizó la serie denominada “Población por sexo y grupos quinquenales de edad para el total del país y provincias. Años 2010-2040”, mientras que para los indicadores a nivel departamental se tomó como base la serie “Población estimada al 1 de julio de cada año calendario por sexo, según departamento”. Finalmente, dado que el INDEC no publica una proyección de la evolución en el tiempo de la cantidad de habitantes de cada localidad, fue necesario construir la serie para los indicadores a dicho nivel, para lo cual se tomaron como base los resultados del Censo Nacional de 2010.

    A los efectos de este IIF, se considera “adulto” a una persona de 15 años o más, siguiendo el estándar utilizado por el Banco Mundial para sus indicadores de inclusión financiera.

    Regionalización 
    A los fines de la elaboración de indicadores regionales, se utilizó el criterio de regionalización propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (hoy Ministerio de Economía), que establece cinco regiones, a saber:  
      NOA (Noroeste Argentino): Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. 

    • • NEA (Noreste Argentino): Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes. 
    • • Nuevo Cuyo: Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja. 
    • • Patagonia: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
    • • Centro y Buenos Aires: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    En el texto de este IIF se menciona a Nuevo Cuyo como Cuyo y Centro y Buenos Aires como Centro. 

    Puntos de extracción extrabancarios
    A los efectos de realizar el análisis de comercios que permiten la extracción de efectivo, se realizó un relevamiento consultando a las distintas empresas que ofrecen el servicio. Una vez recibidos y consolidados los datos, se utilizó el domicilio informado para cada punto de extracción para identificar aquellos comercios que operan a través de más de una marca simultáneamente con el objetivo de eliminar duplicaciones y obtener un listado de comercios únicos. 

    Con relación a la clasificación de acuerdo a los principales rubros, se menciona que los puntos de extracción correspondientes a las empresas de cobranza extrabancaria para los que se pudo identificar una actividad específica (por ejemplo, un almacén) fueron asignados a dicha actividad, mientras que el resto fue clasificado como “centro de cobro”. Esta clasificación en rubros puede presentar diferencias con relación al relevamiento anterior realizado en marzo de 2019. 

    Crédito a las unidades productivas
    La base de empresas utilizada en este estudio, provista por el Ministerio de Desarrollo Productivo, está compuesta por las unidades productivas del sector privado no financiero que registraron al menos un empleado en cada uno de los años considerados. La base cuenta con información hasta el año 2017. Para los análisis del año 2018 y 2019 se utilizó la base de empresas de 2017, por lo que quedan excluidas todas las que se hayan creado posteriormente, y se siguen considerando otras que podrían haber desaparecido. Por este motivo, los indicadores para dichos años se deben considerar de carácter provisorio. 

    La clasificación de tamaño se realizó en base a los límites legales por sector dispuestos por el Ministerio de Desarrollo Productivo, aunque considerando únicamente la dimensión de la cantidad de empleados de las empresas y prescindiendo del criterio de facturación por no contar con la información necesaria a nivel de firma. Por último, la clasificación sectorial se basa en la actividad principal que cada empresa registra ante la AFIP, de donde también se obtiene la provincia en la que registran domicilio fiscal.

    En cuanto al tamaño y composición de la base, se puede remarcar que no se registran grandes transformaciones en el periodo bajo análisis. El total de empresas era de aproximadamente 567.000 al inicio (2007), alcanzando las 600.000 tres años más tarde para luego estabilizarse en torno a ese valor, con un máximo de 612.000 en 2013. La composición según tipo de persona se modificó levemente a favor de las PJ, que aumentaron su participación año a año desde 2008, pasando de ser un 36,5% a un 40,7% en 2017. Según tamaño, la distribución prácticamente no se modificó en el periodo, con aproximadamente un 84% de microempresas, un 11,5% de empresas pequeñas, un 3,8% de empresas medianas tramo 1, un 0,5% de empresas medianas tramo 2 y un 0,2% de empresas grandes.

    Referencias

    1 Considera todas las cuentas de depósitos en pesos y los plazos fijos tanto en pesos como en UVA.

    2 TO Depósitos e inversiones a plazo. Punto 2.8.

    3 Elaboración propia en base al Régimen Informativo Contable Mensual - Balance de Saldos.

    4 Se define adulto como una persona de 15 años o más.

    5 Emisoras de tarjetas de crédito y/o compra no bancarias y otros proveedores no financieros de crédito.

    6 Fuente: BCRA. Información a septiembre de 2019.

    7 Comunicación A6857

    8 Comunicación A6911?y?A6912

    9 Comunicación A6909

    10Comunicación A6901

    11 Comunicación A6942

    12Comunicación A6949

    13 Comunicación A6937 y A6946

    14 Decreto 326/2020

    15 Comunicación A6945

    16 Comunicación A6949

    17 Comunicación A6938

    18 A partir de 2017, el BCRA permitió la instalación de ATM operados por entidades no financieras. De este modo, los PDA incluyen también a este tipo de ATM. A diciembre de 2019 sumaban un total de 300 a nivel nacional.

    19 Ver Nota Metodológica para el criterio de regionalización utilizado.

    20 Ver Nota Metodológica para información adicional referida a la clasificación en rubros.

    21 T.O. “Depósitos de Ahorro, Cuenta Sueldo y Especiales”, Sección 3, Punto 11, “Cuenta Gratuita Universal”.

    22 Se aclara que no se dispone de información de titulares únicos de cuentas para el pago de programas sociales ni de jubilaciones y/o pensiones.

    23 Fuente: ANSES. H.2.1 - Total País. Titulares de la AUH. Hijo e Hijo con Discapacidad

    24 Resulta importante mencionar que, mientras que las estadísticas del BCRA provienen de datos de la oferta, las cifras de Global Findex están basadas en datos auto reportados -entrevistas personales a una muestra de individuos-.

    25 Fuente: ANSES - H.2.2 - Total País. Titulares de la AUH, por sexo y grupo de edad. Se tomó el valor de junio de 2018 dado que no se encuentra disponible el valor correspondiente a marzo de 2018.

    26 Fuente: P.2.4 - Total País. Titulares únicos con al menos una jubilación o pensión contributiva por grupo de edad y sexo. Se tomó el valor de junio de 2018 dado que no se encuentra disponible el valor correspondiente a marzo de 2018.

    27 Los datos del mercado de trabajo corresponden al tercer trimestre de 2019 (Fuente: INDEC).

    28 Se calcula como el promedio mensual de los saldos diarios de cada cuenta de depósito, es decir, el dinero que queda depositado en cada cuenta cada uno de los días del mes.

    29 De acuerdo a los resultados obtenidos por la Encuesta de Medición de Capacidades Financieras.

    30 Refiere a las transferencias interbancarias.

    31 Salvo en los montos de tarjetas de crédito.

    32 Comunicación A6212

    33 Comunicación A6425

    34 Comunicación A6425

    35 Comunicación A6859

    36 Comunicación A6885

    37 Comunicación A6235

    38 T.O. Depósitos e Inversiones a Plazo, Sección 2.8. Depósitos con opción de cancelación anticipada en Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por "CER", Ley 25.827 ("UVA") y noticia sobre el lanzamiento del Plazo Fijo Precancelable.

    39 La nomenclatura “cantidad de plazos fijos” hace referencia a la cantidad de certificados de plazos fijos vigentes al último día hábil de cada trimestre.

    40 Se refiere a evitar las transacciones que conlleven riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

    41 “Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism” Basel Committee on Banking Supervision. Junio 2017.

    42 “FATF Guidance on AML/CFT measures and financial inclusion, with a supplement on customer due diligence”. Noviembre 2017.

    43 Fuentes | Argentina: Texto ordenado de "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales" (al 19/02/2020).
    México: Circular 03/2012 de Banxico del 2012 que modifica la Circular 2019/95 de 1995 \ Ley de Instituciones de Créditos (LIC) artículo 115 \ Disposiciones de carácter general a que se refiere el art. 115 de la LIC.
    Colombia: Circular externa 053 de 2009 \ Circular externa 013 de 2013 \ Capítulo IV del Título II de la Circular Básica Jurídica.
    Perú: Resolución SBS N° 2108 del 2011. Resolución SBS N° 2891-2018.
    Paraguay: Resolución 25, Acta 51 del 18 de julio de 2013 del Banco Central del Paraguay.

    44 Todas las empresas emisoras no bancarias de tarjetas de crédito y/o compra deben inscribirse en el “Registro de empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra”, mientras que los otros proveedores no financieros de crédito deben registrarse en el “Registro de otros proveedores no financieros de crédito” en caso de estar vinculados a entidades financieras y/o en caso de ser sujetos de crédito de entidades financieras, si superan los 20 millones de pesos en financiaciones otorgadas. TO Asistencia Crediticia a Proveedores No Financieros de Crédito.

    45 La distribución geográfica de los deudores se realiza de acuerdo con el domicilio declarado ante la AFIP. En consecuencia, podría darse el caso de deudores que migran de jurisdicción para obtener financiamiento (por ejemplo, residentes de la provincia de Buenos Aires que toman un crédito en CABA).

    46 Cabe señalar que una persona puede tener un trabajo registrado y no tener una cuenta sueldo, por ejemplo, por cobrar su salario en efectivo.

    47 A principios de abril de 2020, se registraron 122 ETCNB y 272 OPNFC.

    48 El análisis por tipo de proveedor debe interpretarse considerando la cantidad de entidades o instituciones de cada grupo, así como el alcance geográfico de cada institución y el perfil de clientes. Estas variables inciden en el resultado del indicador.

    49 A septiembre de 2019, las entidades financieras y las ETCNB reportaron 39,5 millones de tarjetas de crédito titulares, de las cuales el 71% registraba al menos una liquidación durante los 7 meses anteriores (Fuente: BCRA).

    50 De acuerdo con el TO de Clasificación de Deudores, las entidades financieras y los PNFC clasifican a cada uno de sus deudores en una de las 6 situaciones previstas contemplando la totalidad de las financiaciones que les han otorgado. De esta forma, cada deudor tendrá una clasificación para cada entidad que le haya brindado financiamiento.

    51 EPH, INDEC

    52 Calculada como porcentaje entre la población económicamente activa y la población total de referencia.

    53 Calculada como porcentaje entre la población ocupada y la población total de referencia.

    54 En el presente documento se consideran MiPyMEs a las microempresas, empresas pequeñas y empresas medianas tramo 1 (se excluyen las medianas tramo 2).

    55 En esta sección y en la siguiente no se incluyen las financiaciones cedidas a fideicomisos financieros.

    56 Para el cálculo de desempeño relativo, se mide la tasa de variación del porcentaje de empresas sin financiamiento (o excluidas) entre el momento final (2018) y el inicial (2007). Por ejemplo, en el caso de las microempresas PJ del sector agropecuario, el porcentaje de empresas sin financiamiento al inicio era de 51%, valor que se redujo a un 35% al final del periodo analizado. Es decir, este porcentaje se redujo en 16 p.p., lo que en términos relativos implica un 31% de disminución (35 - 51= -16; -16/51= -31%).

    57 Los depósitos en dólares del sector privado en las entidades financieras eran de aproximadamente USD 9.300 millones a diciembre de 2015, USD 21.500 millones un año después, y USD 28.500 millones a diciembre de 2018 (Informe Monetario Diario).

    58 Se considera irregular a la deuda en situación 3 o superior, según el texto ordenado de Clasificación de Deudores.

    59 Se incluye en este caso el año 2019 por la relevancia de presentar información más actualizada para este indicador, remarcando que los valores constituyen una estimación provisoria dado que fueron obtenidos a partir de una base de empresas con información a 2017. En función de la dinámica histórica, se puede estimar que el conjunto de empresas utilizado se corresponde en al menos un 90% al vigente en el año 2019. Por otra parte, se remarca que la evolución observada (aumento del porcentaje de empresas con financiamiento irregular) se da en forma generalizada para todos los tamaños de empresas, y que para las empresas de mayor tamaño la base presenta mayor estabilidad, lo que refuerza la robustez de los resultados presentados.

    60 Esto significa que registran empleados ante la AFIP directamente bajo su persona. Este tipo de emprendimientos puede ser desde un profesional independiente que contrata a un ayudante o secretario, hasta una empresa de mayor envergadura como una producción agrícola o una industria manufacturera.

    61 Se consideran todas las empresas del sector privado no financiero con al menos un empleado registrado durante algún mes del año 2017.

    62 Las microempresas, según la clasificación legal, pueden tener como máximo entre 5 y 15 empleados, dependiendo del sector (en promedio, hasta 9 empleados). Ver Resolución 220/2019

    63 Se considera el universo de empresas PH activas en 2017, y se muestran datos de financiamiento para el año 2018.

    64 Se excluye del análisis a las empresas PH de tamaño grande.

    65 Apartado 3 / El desafío de impulsar el crédito, IPOM Febrero 2020, BCRA.

    66 Las microfinanzas y el desafío de la inclusión financiera para el desarrollo, Ensayos Económicos N° 67, Dic-2012, BCRA.

    67 Punto 1.1.3.4. TO Gestión Crediticia

    68 Ídem nota al pie 2.

    69 Mapeo, Septiembre 2019.

    70 Anexo 1, Mapeo. A los efectos de este apartado, no se consideran los programas de microcrédito de inclusión social de CONAMI.

    71 Las provincias fueron asignadas de acuerdo al domicilio fiscal de la institución o a la información recabada del sitio web de la misma.

    72 En cada período los principales deudores pueden variar. Además, no necesariamente coinciden con los que presenta cada una de las entidades en el Gráfico A.5.1.

    73TO Gestión Crediticia. Punto 1.1.3.4.b.

    74 En este punto, cabe señalar que las IMC no están obligadas a reportar sus deudores al BCRA, excepto aquellas que se hayan registrado como “Otros proveedores no financieros de crédito”. Cuatro IMCs reportan actualmente sus deudores a la CENDEU.

    75 Comunicación A 5998: Este tipo de financiaciones tienen un límite de 50 SMVM, lo que asciende a $844.000 a valores de diciembre de 2019.

    76 Para más detalle de los aspectos jurídicos en torno al crédito fintech, ver el siguiente artículo: link.

    77 Ver nota al pie 44 para los lineamientos de inscripción de PNFC.

    78 Se considera dicho mes por cuestiones de disponibilidad de información.

    79 Se toman los datos presentados por las entidades financieras al BCRA con la nómina de empleados que cobran haberes con acreditación en cuenta sueldo.

    80 Se consideran en situación irregular los préstamos que presentan una mora de 90 días o superior. /p>

    81 Dato correspondiente a la irregularidad de la cartera de consumo de las familias a agosto de 2019 (Fuente)

    82 Se considera para el presente análisis al sistema financiero “ampliado” (incluyendo emisoras de tarjetas no bancarias y otros proveedores no financieros de crédito englobados en la CENDEU).

    83 Enero de 2015 a agosto de 2019.

    84 Se utilizan los datos registrados en el padrón de la Administración Federal de Ingresos Públicos (año de nacimiento, género y provincia del domicilio fiscal).

    85 Según datos de INDEC, la población adulta (de 15 años o mayor) se distribuye en forma muy similar: Provincia de Buenos Aires un 39%, Córdoba y Santa Fe un 8% cada uno y la Ciudad de Buenos Aires un 7%.

    86 Se consideran adultos mayores a las personas de más de 65 años.

    87 Se consideran millennials a las personas de menos de 30 años.

    88 Se consideran adultos jóvenes a las personas de entre 30 y 39 años.