Lunes 27 de enero de 2020. La economía argentina enfrenta un crítico cuadro macroeconómico caracterizado por la coexistencia de registros inflacionarios muy elevados y un intenso y persistente proceso recesivo, que se ha traducido en marcados niveles de desocupación, precariedad y pobreza. Por su parte, la escasez de divisas ha generado una notoria debilidad de su sector externo que condiciona severamente su desempeño agregado.
A estas limitaciones en los flujos de divisas comerciales, se sumó un proceso de endeudamiento externo a todas luces insustentable y, posteriormente, una pérdida del acceso al crédito voluntario y una renovada fuga de capitales domésticos.
Igual derrotero ha seguido la tasa de inflación, que se aceleró notablemente en los dos últimos años debido a errores de diagnóstico y de política, que tendieron a subestimar las dificultades para inducir una baja sostenible de un proceso inflacionario sustentado en factores estructurales y componentes inerciales. Esa desacertada concepción trajo aparejada la intención de abordar el problema apelando exclusivamente a herramientas de naturaleza monetaria. Al mismo tiempo, la hipótesis de una presunta continuidad sine die de un contexto caracterizado por la abundancia de financiamiento externo condujo al error de inducir una completa desregulación del mercado cambiario y una apertura financiera irrestricta.
Tardíamente, sobre el final de su mandato, el Gobierno Nacional anterior dispuso una serie de medidas de restricción de acceso al mercado de cambios, indispensables para mitigar la crisis y el deterioro del balance de pagos; reprogramó compulsivamente vencimientos de deuda local, al tiempo que el déficit fiscal (ya sin posibilidades de ser financiado con endeudamiento externo) comenzó a cubrirse con emisión monetaria.
Frente a este escenario, el nuevo Gobierno Nacional adoptó una serie de medidas sociales, productivas, regulatorias y de consolidación fiscal destinadas a afrontar las manifestaciones más inmediatas de la crisis y a estabilizar la macroeconomía y, a partir de allí, redefinir las prioridades de política con el objetivo de sentar las bases para iniciar un proceso de desarrollo económico sostenible y crear las condiciones para asegurar la sostenibilidad fiscal y de la deuda pública.
En el contexto de la emergencia económica y social descripta, y de una situación crítica en lo que hace al acceso al mercado de crédito voluntario externo, el Banco Central de la República Argentina considera necesario asistir excepcionalmente al Tesoro tanto en la eventualidad de pagos de deuda al exterior como, de ser estrictamente necesario y bajo límites prudentes que respeten el equilibrio en el mercado monetario, financiamientos en moneda local.
En tales circunstancias, y hasta tanto se pueda avanzar en esas definiciones, no es posible desplegar una estrategia de política monetaria donde se fijen objetivos específicos sobre la expansión de los agregados o la inflación.
Tomando en cuenta estas limitaciones, pero en línea con su misión de “promover, en la medida de sus facultades, y en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”, el Banco Central encuentra prudente avanzar en la definición de una serie de lineamientos útiles para ayudar a la formación de las expectativas de los distintos actores económicos en nuestro país.
Dichos lineamientos se refieren a los siguientes conceptos:
Tasa de Interés. Dada la existencia de componentes inerciales en el proceso inflacionario en curso y la escasa profundidad del mercado de crédito local, el intento de reducir la inflación apelando exclusivamente a la vigencia de tasas de interés reales excesivamente elevadas ha demostrado su ineficacia y su carácter eventualmente contraproducente. El nivel de tasa de interés real debe preservar la estabilidad financiera y externa de la economía, y debe ser compatible con el financiamiento de la producción y la construcción de una curva de rendimientos a mayor plazo, favoreciendo el ahorro en moneda doméstica. Esto último supone un manejo de tasas de interés donde se evitará que caiga en niveles reales negativos.
Precios. Se procura inducir una reducción gradual pero sostenible de la tasa de inflación a partir de un enfoque de política monetaria prudente, consistente y coordinado con el resto de la política económica y la política de ingresos impulsada por el gobierno nacional. En este marco, se espera su desaceleración hacia niveles marcadamente menores que el año 2019 debido a la concurrencia de la política monetaria, cambiaria y fiscal, los acuerdos de precios y la coordinación de estrategias de corto y largo plazo, a través de distintos ámbitos institucionales.
Agregados monetarios. Estos se encuentran en niveles históricamente muy reducidos en términos de producto. En un contexto de recuperación de la confianza y de reducción gradual de las tasas de interés, que posibilite una mejora de las condiciones crediticias y un estímulo al nivel de actividad, cabe esperar un proceso gradual de remonetización. La política monetaria debe promover una expansión prudente de los agregados monetarios, evitando desequilibrios que afecten en forma directa o indirecta al proceso inflacionario.
Tipo de cambio. Una política cambiaria de flotación administrada es un instrumento apto para evitar fluctuaciones pronunciadas de la paridad cambiaria que generen efectos negativos sobre la competitividad, los precios internos y la distribución del ingreso. La política cambiaria también propiciará la acumulación preventiva de reservas internacionales, sobre la base del ingreso genuino de divisas provenientes del sector externo.
Crédito. La intermediación crediticia interna se encuentra también en niveles relativos muy bajos, debiéndose expandir para atender las necesidades de los hogares y la producción, con un sentido estratégico que permita atender no sólo el corto sino también el mediano y largo plazo.
Nivel de actividad y empleo. Las políticas adoptadas hasta aquí permitirán ir definiendo un nuevo encuadre macroeconómico sustentado en la recuperación del mercado interno y el crecimiento de las exportaciones, induciendo aumentos en la inversión y la productividad, lo que permitirá conjugar la expansión de la demanda y el empleo con la transformación productiva necesaria para darle continuidad en el tiempo.